Desde luego que el DÃa Internacional para la eliminación de la Violencia contra la mujer del pasado 25-N no podÃa tener, para las residentes de los partidos judiciales de Carlet, Xà tiva, Moncada, Catarroja y Picassent, una connotación más triste que la recogida, para todas las que puedan ser vÃctimas de esa violencia, en el Real Decreto 954/2022, de 15 de noviembre, que fuera publicado en el BoletÃn Oficial del Estado el siguiente dÃa dieciséis de este mismo mes.
Extrañamente, mientras en las calles y plazas de todo el mundo se desarrollaba, este pasado viernes, ese DÃa Internacional, aquellas mujeres que pudieran ser vÃctimas de violencia en aquellos partidos judiciales se encontraban con una traba más en esa ya de por sà complicada circunstancia que supone el denunciar a su agresor.
Una más.
Y extrañamente también, y mientras a unas y a otras se les "llena la boca" de recursos especializados para erradicar esa violencia, a un Ministerio, con el "visto bueno" de nuestra Conselleria de Justicia se les ocurre, sin mayor argumento por lo que puede desprenderse de la lectura de aquel texto legal, incluida su exposición de motivos, apartar a la vÃctima del único lugar donde puede ser protegida, un Juzgado, y de la única persona que la debe proteger, un abogado o abogada especializado en Violencia contra la Mujer de nuestro Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, perteneciente a aquel turno de oficio especial y con una preparación en la materia tal que permite que, de forma gratuita, sea asistida desde aquel inicial instante en que se formula la denuncia y el procedimiento penal, hasta la finalización del procedimiento civil de Familia que pueda corresponder, de ser el caso.
A nadie se nos escapa que la redacción de un Real Decreto, aunque siempre torpe en esa redacción, ha tenido una elaboración.
Poco, peor aún, nada se ha hecho, para que esa buena sintonÃa que parece que existe entre la Conselleria, el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, el Consejo Valenciano de Colegios y el Consejo General de la AbogacÃa Española, haya tenido su reflejo en lo ahora ordenado, mejor agrupado, mediante aquel Real Decreto.
Si el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, y sus Diputados responsables del Turno de Oficio, como ya se ha reconocido, sabÃan de la tramitación, redacción y publicación de aquel Real Decreto, no sirve ahora encabezar una manifestación ni acompañar a nadie.
Este pasado viernes 25-N muchos, aunque no todos, estuvimos al lado de los abogados de XÃ tiva, por ser la primera de las concentraciones convocadas, y volveremos a estarlo en todos y cada uno de los partidos judiciales donde se puedan convocar las mismas.
Se echó de menos que no estuviera al lado de los suyos la Presidenta del Consejo de la AbogacÃa Española que, para mayor comodidad, y por si la excusa del desplazamiento desde Madrid pudiera ser tenida en consideración, se encontraba, la tarde del viernes, en Alzira asistiendo a un acto institucional.
Tal vez la distancia entre Xà tiva y Alzira fuera mucha para aquella Presidenta, aunque parece no lo debe ser para la vÃctima, o tal vez entre aquellas funciones del CGAE no esté, en ningún caso, apoyar y defender a los que defienden, no conociendo a esta hora opinión o manifestación alguna de aquel Consejo General sobre este particular.
Sobraban en aquella concentración, con toda seguridad, aquellas representantes institucionales y diputados responsables del turno de oficio que, aun sabiendo y conociendo, no hicieron mucho por resolver lo que ahora es un problema de complicada solución.
La situación es grave.
Mucho.
Y todavÃa no nos hemos dado cuenta de esa gravedad.
Las excusas polÃticas, colegiales e institucionales, ahora, como siempre, son infinitas y, si no fuera por el particular que nos ocupa, podrÃan resultar hasta simpáticas.
Con toda seguridad no ha imaginado, ni aquel Ministerio con su Real Decreto, ni esta ConsellerÃa, que significa para esa vÃctima que, finalmente, tiene el valor de denunciar a su agresor, pongamos por caso en Fuente La Higuera, no solo atreverse a denunciar, sino llamar a un taxi, gratuito eso sÃ, esperar a que llegue, con su maltratador en las proximidades, ser trasladada al Juzgado de Alzira y recibir allÃ, gracias al artÃculo 8 de aquel Real Decreto, no solo la asistencia jurÃdica correspondiente, sino la adopción de las medidas judiciales que aquel órgano pueda establecer a su favor.
Y regresar después a casa, claro, en ese mismo taxi gratuito abonado por nuestra ConsellerÃa.
Se legisla sin pensar y aunque en otros casos pudiera parecer una cuestión sin importancia, en esta estamos hablando de la seguridad, integridad, defensa y, en algunos casos, de la vida de aquellas futuras vÃctimas.
Celebrar la creación de cincuenta y un nuevos Juzgados en España no pasaba, en ningún caso, por dar un salto atrás en la defensa de las vÃctimas en esta provincia de Valencia, ni apartarlas de los abogados y abogadas del ICAV, ni obligarlas a desplazarse entre municipios y sà con aproximar y no deslocalizar ese único lugar donde la vÃctima puede ser acogida: un Juzgado.
Solo los abogados y procuradores, y con toda seguridad los Jueces, Fiscales y Cuerpos de Seguridad del Estado que defienden a las vÃctimas de violencia, junto a esos infinitos recursos y medios existentes, pueden entender el riesgo para la vida de esas mujeres que ese Real Decreto supone.
El resto no se entenderá ni lo entenderán hasta que algo suceda y entonces ya no nos servirán ni las explicaciones de la ConsellerÃa ni las manifestaciones de un Colegio, el de Abogados, ni de un Consejo, autonómico o nacional, a esta hora sin pronunciarse, que, de nuevo, han hecho tarde en proteger ya no a los suyos, que también, sino a la defensa de quien más lo necesita.
Personalmente no me valen, ahora, las manifestaciones de las representantes de un Colegio y de un Consejo Valenciano.
La situación generada con ese Real Decreto es tan fácil de entender como fácil era negar y oponerse a los términos de su redacción durante su tramitación, habiéndonos manifestado, concentrado o reclamando entonces y no ahora.
Y desde luego que no se debe permitir que la vÃctima, como alguien indicaba este pasado viernes, tenga que "pasear" su maltrato de un partido judicial a otro en base a un nuevo capricho de ese más que torpe legislador que no sabe lo que redacta y no proyecta lo que obliga a cumplir.
Triste, mucho, que si ya se advirtió a la administración de esta situación, tengamos que salir a la calle de forma precipitada y urgente para reconducir una situación que no debiera de hacerse producido.
Nunca.
De nuevo no se le ha prestado la atención suficiente a este particular por parte de nuestro Colegio, ese que pretende la dignidad de los abogados del turno de oficio ni se ha puesto el cariño que las victimas merecÃan por parte de nuestros Consejos, autonómico y general, de la abogacÃa.
Este pasado viernes 25-N, con toda seguridad, fue el dÃa más triste para las vÃctimas de violencia de esta provincia que deban ser defendidas por los abogados y abogadas del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia de los partidos judiciales de Carlet, Xà tiva, Moncada, Catarroja y Picassent.
