Jorge Rodríguez, atiende a los medios de comunicación tras quedar en libertad. EFEEl conocido como caso Alquería, contra el expresidente socialista de la Diputación de Valencia y actual alcalde de Ontinyent, Jorge Rodriguez (La Vall ens Uneix), afronta la fase final y podría quedar listo este mes de septiembre para ser enjuiciado.
Según han explicado a EFE fuentes judiciales personadas en la causa, esta misma semana han concluido las únicas diligencias pendientes -declaraciones de dos de los nueve supuestos enchufados-, de modo que las partes esperan en breve el auto de transformación en procedimiento abreviado para posteriormente poder presentar sus escritos de acusación o defensa y dejar la causa lista para la apertura de juicio.
Las mismas fuentes han explicado que sería posible que, bien el fiscal anticorrupción, bien la acusación que ejerce el PP, podrían reconsiderar sus imputaciones iniciales para concentrar la acción contra menos procesados.
En el conocido como caso Alquería se investiga, además de a Jorge Rodríguez, a un total de 16 personas, entre ellos nueve supuestos "enchufados" en la empresa pública de la corporación provincial Divalterra -anteriormente Imelsa- vinculados al PSPV y Compromís.
También a quienes ocuparon el cargo de cogerentes de Divalterra: Agustina Brines (de Compromís), Josep Ramón Tiller (PSPV) y Javier Simó (del PSPV); al secretario-letrado asesor de esta empresa pública, Jorge Cuerda, y a dos asesores de la Diputación, Ricard Gallego y Manuel Reguart.
A juicio de los agentes de la UDEF que han investigado el caso, estas contrataciones "se realizaron bajo la modalidad de personal de alta dirección, como un fraude de ley para evitar la aplicación de los principios del Estatuto Básico del Empleado Público".
Se conseguía así, a su juicio, "independientemente de la capacitación personal de los contratados, la vinculación a la sociedad de personas adscritas o vinculadas a los dos partidos políticos que gobiernan en la Diputación, Compromís y PSOE", añaden los investigadores.
Estas contrataciones, que fueron "directas y partidistas", habrían supuesto un coste aproximado de dos millones de euros en una legislatura, según los cálculos de la UDEF, que se refiere a los salarios de los supuestos "enchufados".
Desde las defensas, por el contrario, se insiste en que la causa tiene una componente meramente administrativa y en que "nadie se ha llevado un euro ni nadie quiso hacer las contrataciones de forma fraudulenta conscientemente".
Argumentan, además, que la mayoría de los detenidos no tuvo responsabilidad directa en las contrataciones, que al parecer fueron firmadas por Agustina Brines y José Ramón Tiller, con el apoyo jurídico de José Luis Vera (entonces responsable jurídico de Divalterra, no investigado en la causa).
Asimismo, aseguran que en el momento de realizar las contrataciones, los servicios jurídicos de Divalterra no apuntaron ninguna irregularidad, ni tampoco el informe externo encargado a Carlos Alfonso Mellado, catedrático de Derecho Laboral y presidente del Comité Económico y Social (CES).
Los procesados recuerdan asimismo que quienes denunciaron inicialmente el caso ante la Fiscalía Anticorrupción son dos altos cargos de Divalterra que siguen trabajando en la empresa, que uno de ellos fue secretario del consejo de la empresa, y que "no ofrecieron oposición alguna a los contratos hasta que vieron peligrar sus puestos de trabajo en 2018".
Según explican las defensas consultadas por EFE, ambos denunciantes entraron en la empresa en la época en que estaba controlada por Marcos Benavent (autodenominado "Yonki del dinero") y cobraron entre 6.000 y 8.100 euros en sobresueldos, según el informe sobre la empresa realizado por la Intervención General del Estado con motivo del caso Imelsa.
Otra de las tesis que apuntan algunos de los investigados consultados sitúan el verdadero origen del conflicto en noviembre de 2016, cuando Jorge Rodríguez impulsó la destitución de José Luis Vera por haber suscrito un contrato con un despacho de abogados cercano al ex número tres de la Diputación José Manuel Orengo (PSPV) que, según aseguran, podría haber servido para zanjar algunas deudas del PSPV con abogados penalistas por sus personaciones en recientes casos de corrupción.
El bloqueo del entonces máximo responsable de la Diputación a este contrato desató, según la creencia de estos investigados, una guerra intestina en el seno del grupo socialista provincial que supuso "la verdadera condena" de Rodríguez y sus colaboradores dentro del partido.
