Arturo León, presidente del CES-CVLa Memoria sobre la situación Socioeconómica y Laboral 2021 del Comité Econòmic i Social de la Comunidad Valenciana (CES CV) dedica un anexo a abordar el impacto económico y social de la invasión rusa de Ucrania. Una situación imprevista y de alcance global que "plantea la necesidad de adoptar planes y programas a corto, medio y largo plazo, acordados en el ámbito del diálogo social, que se traduzcan en medidas paliativas, coyunturales y estructurales", que permitan superar la crisis y evitar la ralentización del crecimiento económico iniciado tras salir de la pandemia de la Covid-19.
El conflicto bélico está teniendo consecuencias adversas que van a afectar al crecimiento de la economía valenciana, a la vista de los datos de los primeros meses de 2022 que recogen una escalada de los precios de las materias primas energéticas y el consiguiente aumento de la inflación. De hecho, apunta el Comité, el crecimiento económico de la Comunidad Valenciana se ha reducido en el primer trimestre.
El impacto económico, como se recoge en el documento, es el más visible de una situación que también acarrea la pérdida de vidas, así como los desplazamientos de millones de personas refugiadas.
En el análisis de la situación, el CES CV apunta que la invasión rusa de Ucrania condiciona las expectativas de crecimiento económico, con un importante aumento de los precios de las materias primas energéticas. Y, si bien la dependencia directa de la Comunidad Valenciana de esas materias no es elevada, "la situación es de gran incertidumbre y sus dimensiones imprevisibles". La demanda interna, indica, se verá afectada porque "el consumo privado moderará su dinamismo a corto plazo, debido a la incertidumbre, y, sobre todo, por el aumento de la inflación que conlleva la pérdida de poder adquisitivo y el estancamiento salarial". En cuanto a la demanda externa, la contribución al avance del PIB "puede moderarse, porque, a pesar de que la exposición de nuestro comercio exterior con Rusia y Ucrania es reducida, la guerra puede tener efectos negativos sobre las exportaciones de la Comunitat Valenciana".
Ante esta situación, el CES valora el importante montante presupuestario asignado por la Generalitat Valenciana al Plan ReActiva, destinado a responder a la emergencia energética y luchar contra la inflación en "este escenario económico y social sobrevenido por el conflicto bélico". Un plan dotado con 944 millones de euros y financiado con fondos propios de la Generalidad Valenciana, europeos y recursos del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia.
Este conflicto bélico también tiene un impacto importante en el sistema financiero de la Comunidad y hace que sean muchas las empresas y los autónomos que se enfrenten a la falta de liquidez derivada del encarecimiento de la energía. De ahí que "valoremos positivamente las medidas de ayuda al sostenimiento financiero de la actividad productivo impulsadas por el Gobierno central y las complementarias adoptadas por la Generalitat Valenciana".
Apunta que, por el momento, la guerra no ha tenido efectos cuantitativos en el empleo en la Comunidad, teniendo en cuenta los buenos datos aportados por el INE y referidos al crecimiento de la ocupación y al descenso del desempleo estimado en el primer trimestre de 2022. Sin embargo, un problema que podría plantearse en el mercado laboral español y de la Comunidad Valenciana sería la dificultad para integrar con rapidez a los refugiados en la actividad productiva. Preocupa, y así lo recoge el Comité en la Memoria, que la elevada inflación prevista pueda afectar a la negociación colectiva y al V AENC.
En el anexo de la Memoria sobre el impacto de la invasión rusa de Ucrania se analizan también las afecciones a la sanidad, al medio ambiente o a la protección social en la Comunidad.
El CES CV hace una serie de recomendaciones para afrontar la situación, tales como el deber de adoptar planes y programas a corto, medio y largo plazo, acordados en el ámbito del diálogo social, que eviten la ralentización del crecimiento económico y aceleren el desarrollo de la denominada autonomía estratégica y tecnológica en los ámbitos de la energía, las materias primas fundamentales y los alimentos.
Apunta que para lograr la sostenibilidad del abastecimiento energético a largo plazo es necesario impulsar el uso de fuentes de energía con bajas o nulas emisiones de carbono, el empleo de fuentes energéticas locales y renovables y acelerar las investigaciones para desarrollar nuevas tecnologías limpias.
El Comité recomienda fomentar sistemas alimentarios sostenibles que garanticen alimentos de calidad para la ciudadanía y seguir implementando medidas temporales que eviten que los incrementos significativos en los precios de los alimentos y la energía aumenten los niveles de pobreza de los valencianos.
