La vicepresidenta primera de la Generalitat, Susana Camarero, a su llegada a la rueda de prensa ofrecida tras el pleno del Consell. EFE-Biel Aliño
El pleno del Consell ha autorizado este martes a la Abogacía de la Generalitat para que se persone como acusación particular y ejerza acciones civiles y penales en la causa judicial contra dos empresarios castellonenses por estafa y falsedad, uno de ellos hermano del expresident Ximo Puig.
El juzgado investiga presuntos delitos de estafa y falsedad en las subvenciones de la Generalitat para el fomento del valenciano en medios de comunicación.
El Juzgado de Instrucción número 4 de València dictó el pasado mes de enero un auto por el que acordaba incoar procedimiento abreviado contra los investigados Francisco Puig y Juan Enrique Adell, administradores de Comunicacions dels Ports SA y Canal Maestrat SL, respectivamente; esas subvenciones fueron percibidas por ambas empresas y Mas Mut Produccions SL (administrada también por el primero de ellos) entre los años 2015 y 2018.
El Consell ha decidido personarse "ante la obligación de la Administración de velar por el cumplimiento de la legalidad, de colaborar con las actuaciones judiciales y de formar parte de los procesos judiciales que se inicien para investigar actuaciones que generen un perjuicio económico a la Generalitat, la cual figura como perjudicada en este procedimiento", ha informado el Ejecutivo autonómico.
La vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, ha justificado así la personación en esta causa como "perjudicados": se hace para "defendernos de una presunta estafa contra los intereses de los valencianos, los intereses de la Generalitat y para recuperar el dinero de todos los valencianos", a diferencia de la solicitud de personación en la causa que investiga los fallecimientos en la dana, en este caso siguiendo el criterio de la Abogacía.
La Abogacía de la Generalitat tramitará esta petición tras haber recibido un plazo de diez días para poder personarse en la causa y ejercer las acciones previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM).
Según Camarero, la Generalitat ha considerado personarse para "recuperar el dinero que haya podido ser defraudado" en estas cuestiones.
En la investigación se estudió inicialmente la posibilidad de que ambos procesados hubiesen incurrido en un delito de fraude en las subvenciones, pero finalmente la investigación policial determinó que la cantidad supuestamente percibida de forma indebida por los investigados y sus sociedades, en torno a unos 67.500 euros, no alcanza la cuantía de 120.000 euros que requería el tipo penal vigente en el momento de los hechos.
En su escrito de procesamiento, el juez instructor detalló los indicios que apuntan al uso por parte de los investigados de "facturas falsas, sociedades instrumentales, domicilios ficticios o actividades no relacionadas con las subvenciones para obtenerlas".
El trámite de procedimiento abreviado, previo al juicio oral, fue apoyado por la Fiscalía Anticorrupción, que tampoco observó la existencia de un delito de fraude de subvenciones sino una infracción administrativa, por los importes supuestamente percibidos por los procesados.
La investigación judicial partió de una querella presentada por el PP, que ha ejercido la acusación popular.
