Comparecencia de Pablo Iglesias, María Jesús Montero, y Nadia Calviño. EFEEl Consejo de Ministros ha aprobado este martes la distribución a las comunidades autónomas de 300 millones de euros dentro del plan de medidas económicas extraordinarias destinadas a mitigar el impacto del Covid-19, de los que 28.334.816 euros corresponden a la Comunitat Valenciana.
El reparto se ha llevado a cabo teniendo en cuenta los criterios de porcentaje de población (80 %) y número de casos (15 %) e ingresos en UCI (5 %) a fecha 24 de marzo, según ha informado la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana.
El objetivo de estas ayudas extraordinarias, ha indicado, es "dar respuesta a las acciones más urgentes que cada comunidad autónoma tenga que abordar".
Las regiones de Madrid, Cataluña y Andalucía son las tres que mayores importes recibirán con 44.231.363, 51.367.983 y 44.231.363 euros respectivamente, seguidas de la Comunitat Valenciana en cuarto lugar.
La Delegación del Gobierno informa asimismo de que se ha reforzado el equipo humano sanitario con un total de 52.393 profesionales que pueden contratar las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas entre médicos internos residentes, enfermeros, profesionales jubilados en los dos últimos años, médicos extracomunitarios y estudiantes de medicina y enfermería de último curso para tareas de apoyo.
El materia de protección sanitaria se ha puesto a disposición de las autoridades de los diferentes territorios que cada autonomía se encarga de distribuir en función de las necesidades.
En total se han entregado, entre otro material, 10.671.779 mascarillas, 9.724.100 guantes de nitrilo, 65.538 batas desechables e impermeables, 84.027 buzos, 35.103 gafas de protección, 144.590 soluciones hidroalcohólicas y 328.900 materiales como calzas, delantales, cubremangas y gorros.
Informa asimismo de que en los próximos días está previsto que lleguen otras importantes partidas que también se distribuirán.
Añade que la compra centralizada que está llevando a cabo el Ministerio de Sanidad está diseñada para cumplir tres objetivos: reforzar los procesos de compra de las comunidades autónomas, la distribución para cubrir necesidades acuciantes de la población y los profesionales y organizar la capacidad de producción a nivel nacional e internacional.
No obstante, cada comunidad autónoma puede asimismo llevar a cabo las actuaciones de compra que considere oportuno, señalan las mismas fuentes.
