En esta pieza separada, con 47 personas imputadas, más el PP imputado como persona jurídica, se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita.
El magistrado considera que habiendo reconocido el exconcejal que realizó el donativo de 1.000 euros por el que están imputados y han sido interrogados todos los concejales, exconcejales, asesores y exasesores que también efectuaron el pago en vísperas de las elecciones de 2015, sería "incoherente" no elevar exposición al TSJCV, por ser el único tribunal competente para investigar y, en su caso, juzgar al parlamentario autonómico.
El argumento expuesto por el instructor es idéntico al que recientemente utilizó para elevar al Tribunal Supremo la parte de la investigación que afecta a la ex alcaldesa, Rita Barberá.
A este respecto, el juez señala que "los testimonios de cargo, dos de ellos de personas investigadas, son múltiples y detallados, sin revelar elementos de contradicción e incoherencia interna". Añade que "indican una operativa general en relación con personas afines al Grupo Municipal en el Ayuntamiento respecto de la que esta instrucción no ha revelado, hasta el momento, hechos, circunstancias o explicaciones que permitan valorar con carácter excluyente, en esta fase, ningún tipo de discriminación, en atención a la persona o cargo, en cuanto a propuesta u ofrecimiento de devolución de dinero".
Señala el juez, no obstante, que ni las dos investigadas (imputadas según la terminología anterior a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) que han reconocido que el dinero entregado les fue devuelto, ni los cuatro testigos que dicen haberse negado a hacer la aportación, han realizado una imputación concreta respecto a la participación de Domínguez en los hechos objeto de investigación.
Domínguez, como hiciera Barberá, rehusó la invitación de Instrucción 18 para declarar voluntariamente pero presentó un escrito de alegaciones en el que reconocía la aportación, negaba cualquier reintegro y se desvinculaba de la organización de la campaña y de la actividad política diaria en tanto que su oficina no estaba en el Ayuntamiento sino en un edificio distinto, sede de la delegación de Seguridad Ciudadana.
Según el juez, las explicaciones ofrecidas por el aforado "pueden ser ciertas y tener sentido" pero son insuficientes para excluir su posible implicación en los hechos investigados. En este sentido apunta que esas alegaciones "no introducen en su relato hechos que, en relación y contraste con el resultado de lo instruido, permitan atribuir a los mismos una relevancia excluyente de su posible implicación".
El instructor subraya el hecho de que el aforado, en su escrito, "no aclara nada en cuanto a la persona, lugar y circunstancias" en las que le fue comunicada la necesidad de realizar el donativo de 1.000 euros.
Respecto a este extremo, el juez explica que las diligencias practicadas hasta la fecha no han permitido establecer, con claridad, el origen de dicha decisión adoptada en el ámbito del llamado "comité de campaña".
El magistrado concluye su exposición al TSJCV explicando que la investigación no está concluida y que aún no se ha recibido el informe sobre el análisis de la documentación intervenida en los registros pero precisa que de la información verbal anticipada por los agentes de la Guardia Civil "no se desprenden nuevos datos significativos de una implicación concreta del aforado" en la investigación relativa al origen del supuesto dinero blanqueado.
La investigación por blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de Valencia es una pieza separada del "Caso Imelsa", en el que se investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones de la Comunidad Valenciana: Diputación (a través de la empresa Imelsa); Ayuntamiento (a través de la Concejalía de Cultura) y Generalitat (a través de la empresa Ciegsa). La causa, que nació en abril de 2015, está abierta por malversación, fraude en la contratación pública, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo.
