El exministro Jose Luis Ábalos, a la salida del Tribunal Supremo. Archivo- EFE-J.J. Guillén
El Tribunal Supremo ha designado formalmente la Sala de siete magistrados que juzgará al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al presunto comisionista Víctor de Aldama por la presunta obtención de mordidas ilegales en contratos de mascarillas en pandemia.
Serán seis hombres y una mujer los que formarán el tribunal que juzgará el primer juicio del conocido como caso Koldo, en el que Ábalos afronta una petición de la Fiscalía de 24 años de cárcel, la más alta; Koldo García, 19 y medio; y Víctor de Aldama, 7 años de cárcel.
En la providencia dictada este miércoles, la Sala de lo Penal recoge la composición del tribunal, que aún debe fijar la fecha del juicio.
Son los cinco integrantes de la Sala que dio inicio a la causa -el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez-Arrieta, Manuel Marchena, Andrés Palomo, Ana Ferrer y Eduardo Porres-, a quienes se unen el magistrado y ex fiscal general del Estado Julián Sánchez Melgar, y Javier Hernández, turno de mayor y menor antigüedad, respectivamente.
El tribunal tiene pendiente pronunciarse sobre la admisión de las pruebas solicitadas por las partes y señalar fecha del juicio que, según fuentes consultadas por EFE, aspira a que sea entre finales de febrero y principios de marzo, con una duración estimada de dos meses.
Este jueves otra Sala, la que revisa las decisiones del juez instructor del caso, acoge dos vistas a puerta cerrada para estudiar los recursos de las defensas de Ábalos y Koldo García contra su ingreso en prisión, el pasado 27 de noviembre.
La Fiscalía Anticorrupción acusa a Ábalos y a Koldo García de seis delitos -organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, dos de tráfico de influencias y malversación-, mientras que a Aldama, que salió de prisión preventiva por otra causa tras prometer colaborar con la Fiscalía en este procedimiento, le atribuye los dos primeros y uso de información privilegiada.
Serán juzgados ante los indicios de que los tres se habrían concertado para obtener "un común beneficio económico" en la contratación pública de empresas captadas por Aldama, aprovechando el cargo de Ábalos en el Gobierno y en el PSOE como secretario de Organización.
Entre las presuntas actuaciones ilegales que se les atribuyen, destaca el "ilícito negocio" que habrían emprendido los tres con contratos públicos de mascarillas para Adif y Puertos del Estado -dependientes de Transportes- en pandemia, en marzo de 2020.
Por su parte, las acusaciones populares que coordina el PP, solicitan para Ábalos y su exasesor 30 años de cárcel, y para Aldama, 7 años.
