Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de Valencia. EFE-Manuel Bruque-Archivo
El Tribunal Supremo ha inadmitido un recurso del Ayuntamiento de València contra un auto del Tribunal Superior de Justicia valenciano sobre la limitación de apartamentos turísticos, según ha informado ViuTur, delegación en València de la patronal de viviendas turísticas ApturCV.
La sentencia se refiere a un recurso presentado sobre el Plan Especial de Ciutat Vella (PEP) del Ayuntamiento de València, que limitaba la implantación de viviendas de uso turístico en gran parte del distrito, concretamente en los barrios de El Carme, La Seu, El Mercat y parte de la Xerea.
El fallo, fechado el 7 de mayo y al que ha tenido acceso EFE, señala que las resoluciones con forma de providencia no son recurribles en casación y, además, tampoco cabe la casación contra el auto que resuelve el recurso de reposición frente a una providencia, salvo que esta tenga forma de auto.
Sin embargo, en este asunto la parte no ha justificado en su escrito de preparación la procedencia del recurso por el cauce correspondiente y corresponde su inadmisión, señala la sentencia.
Según ApturCV, el acuerdo del Ayuntamiento para la puesta en marcha del Plan Especial de Ciutat Vella, aprobado en un pleno de septiembre de 2024, ya se adoptó después de que la justicia estimara el recurso de la patronal de viviendas de uso turístico VIUTUR y anulara parte de la regulación del Plan Especial del Gobierno anterior, dirigido por Compromís y PSPV.
Primero el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) atendió las pretensiones de la patronal turística y más tarde el Tribunal Supremo ratificó el fallo, en julio de 2023, y ahora obliga al Ayuntamiento a ejecutar la sentencia y lo condena a pagar las costas procesales, según explican estas fuentes.
La sentencia inicial del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, posteriormente respaldada por el Tribunal Supremo, señalaba que la decisión del Ayuntamiento carecía de justificación suficiente.
Tras ese pronunciamiento judicial, la Concejalía de Urbanismo, entonces bajo la dirección de la socialista Sandra Gómez, propuso modificar el plan urbanístico para impedir que las viviendas pudieran destinarse al alojamiento turístico temporal. Sin embargo, se mantuvo la posibilidad de uso turístico en los edificios que tuvieran un carácter exclusivamente terciario dentro del centro histórico de la ciudad.
Finalmente, el Ayuntamiento de València, ahora dirigido por María José Catalá (PP), aprobó el pasado septiembre la modificación y "ha seguido dilatando el proceso judicial por no ejecutar el fallo por el que ahora ha sido condenado", según las mismas fuentes.
La asociación asegura que ahora "se abre un escenario en el que empresas y particulares afectados por esta medida entre 2020 y enero de 2025 van a reclamar daños patrimoniales causados por el Ayuntamiento durante estos años por limitar una actividad económica".
De forma paralela, ApturCV continúa con la demanda al Ayuntamiento por considerar "una medida desproporcionada y carente de justificación sólida la moratoria de licencias para nuevas viviendas de uso turístico (VUT)".
Ante el anuncio de esta inadmisión, fuentes municipales han indicado que "no hay ninguna sentencia que ejecutar porque esta sentencia se refiere a una normativa del anterior equipo de gobierno de PSOE y Compromís que ya no está en vigor".
"La actual moratoria y legislación está totalmente en vigor y nada tiene que ver con todo este proceso judicial que se ha conocido ahora", han indicado.
Según estas fuentes, "la errática política de Sandra Gómez y del PSOE en urbanismo es la que sufre ahora la ciudad de València. Es ahora cuando se puede habilitar viviendas y apartamentos turísticos en bajos comerciales gracias a una modificación legislativa de la izquierda".
Han defendido que "el Ayuntamiento de València está realizando un importante trabajo de control de los apartamentos turísticos ilegales y ya se llevan más de 1.000 clausurados" y han insistido: "que no se quiera confundir puesto que los tribunales no han fallado contra la legislación actual, que sigue totalmente en vigor".
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