La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con fecha 19 de junio, ha fallado "desestimar el recurso de apelación interpuesto por el Consell de la Mancomunitat de Municipis de la Vall D´Albaida contra Auto dictado con fecha 14 de mayo de 2013 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 en Valencia en pieza separada de medidas cautelares del recurso 442/2012". El TSJ señala que "contra esta sentencia no cabe recurso." De esta forma, el TSJ ratifica la decisión del Jugado nº 7 de Valencia sobre las medidas cautelares solicitadas por COR por las que la basura de los 34 municipios de la Vall D´Albaida debían ser gestionadas por el Consorcio y el correspondiente Plan Zonal marcado por la Generalitat Valenciana.
El fallo del TSJ señala que el "examen de las alegaciones de las partes y las actuaciones practicadas lleva a la confirmación del auto recurrido por su propia fundamentación jurídica", a la que añade algunas consideraciones más. Entre otras, el TSJ estima que "considera necesaria la adopción de la medida cautelar en cuestión, por ser prevalente, frente al interés alegado por la Mancomunitat el interés general que persigue el Consorcio del Plan Zonal con la medida cautelar." Y añade: "en este sentido, han de tomarse especialmente en consideración los graves perjuicios al medio ambiente que, según se acredita por el Consorcio a través de informe pericial, originaría el mantenimiento de la situación actual de la Vall D´Albaida". En este punto, el fallo recoge algunos puntos del informe presentado en el juzgado como que " la actividad de transferencia que RECISA realiza en la planta de Bufali no dispone de licencia ambiental, que en la planta de Bufali no se está realizando una adecuada recogida y tratamiento de los lixiviados generados por los residuos y en la parcela no se separan los residuos valorables o reutilizables de aquellos que no lo son." En este sentido, el TSJ señala que el contenido de este informe presentado por COR "no ha sido desvirtuado mediante ninguna prueba en contrario practicada por la Mancomunitat". Asimismo, el TSJ señala que "frente a los graves e irreparables perjuicios al medio ambiente reseñados que se pretenden evitar con la medida cautelar adoptada por el juzgado, la Mancomunitat apelante opone perjuicios económicos", ya que "tendría que rescindir el contrato con la concesionaria del servicio e indemnizar a ésta el lucro cesante derivado de ello". Sobre estos perjuicios económicos el TSJ señala que "no se ha aportado ninguna prueba sobre esta efectiva existencia ni sobre su cuantía" y "en todo caso, se trataría de daños fácilmente resarcibles".
En definitiva, el TSJ ha efectuado una ponderación de los intereses y concluye que " ha de prevalecer la protección del interés general que defiende el consorcio del Plan Zonal". Asimismo, el TSJ ha desestimado el resto de alegaciones formuladas por la Mancomunitat alegante.
El Consorcio de Residuos del Plan Zonal X, XI, XII se constituyó en julio de 2005 para gestionar de forma ágil y eficiente los residuos urbanos del Plan Zonal X, XI y XII, AG2. El nuevo modelo de gestión de residuos impulsado desde Europa, España y la Comunitat Valenciana, a través de los Planes Zonales, implica que cada área geográfica sea capaz de resolver por sí misma el problema de los residuos. En este marco legal, desde el pasado 1 de julio de 2012 COR asumió las competencias legales de los 93 municipios incluidos en este Plan Zonal en materia de transferencia, valorización y eliminación de los residuos urbanos. A partir de esa fecha, los ayuntamientos del plan Zonal, sean o no miembros consorciados, limitan sus competencias a la recogida y transporte hasta la planta de transferencia.
