El exgerente de Imelsa y autodenominado yonqui del dinero, Marcos Benavent, a su llegada a la Ciudad de la Justicia para declarar como testigo en el juicio del caso Erial en 2024. EFE-Manuel Bruque-ArchivoEl exgerente de la empresa pública Imelsa y autodenominado 'yonqui del dinero', Marcos Benavent, regresa este lunes al banquillo de los acusados, junto a tres empresarios y el exgerente de una fundación, para responder por el supuesto amaño, entre 2003 y 2008, de varios contratos del área de Cultura del Ayuntamiento de Valencia a cambio de comisiones ilícitas.
En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso EFE, la Fiscalía solicita seis años y seis meses de prisión para Benavent por delitos continuados de cohecho y malversación de caudales públicos, así como por un delito de prevaricación administrativa; en su caso, la Fiscalía aprecia la atenuante analógica de confesión por su colaboración con la investigación.
Junto a Benavent, Anticorrupción acusa a Vicente Burgos Antón, exgerente de la Fundación pública Jaume II El Just, para quien solicita cinco años de prisión por un delito continuado de malversación.
Según el escrito de acusación, Burgos permitió que Benavent cobrara durante años un salario público sin desempeñar funciones reales, mientras realizaba tareas para el Partido Popular.
La Fiscalía también dirige la acusación contra tres empresarios: Enrique Aleixandre Chumillas, Carlos Vicent Gil y Carlos Turró Homedes, a quienes atribuye delitos de cohecho activo por el pago de sobornos destinados a asegurarse la adjudicación de contratos públicos; para cada uno de ellos solicita tres años de prisión, una multa de 29.000 euros y penas de inhabilitación.
El escrito de calificación describe el amaño de contratos y atribuye un papel central a la exconcejala de Cultura del Ayuntamiento de Valencia María José Alcón, fallecida en 2018, motivo por el cual su responsabilidad penal se encuentra extinguida.
Según la Fiscalía, Alcón controlaba la composición de las mesas de contratación, la redacción de los pliegos y las valoraciones técnicas, facilitando la adjudicación de contratos a empresas previamente seleccionadas.
Benavent actuaba como intermediario y recaudador de las comisiones, mientras que los empresarios abonaban cantidades en metálico una vez asegurada la adjudicación.
Entre los contratos investigados figura el de limpieza y restauración de la Lonja de Valencia, adjudicado en 2003 a la empresa Estudios Métodos de la Restauración (EMR) por un importe de algo más de un millón de euros.
Aunque la oferta presentada incluía una baja del 20 %, la máxima permitida, la Fiscalía sostiene que dicha rebaja quedó compensada con una ampliación posterior del contrato, adjudicada sin concurrencia pública y por un importe cercano a los 450.000 euros. A cambio de esta adjudicación, el representante de EMR, Carlos Vicent Gil, habría entregado 9.000 euros a Benavent.
Otro de los expedientes analizados es el de las obras de limpieza y consolidación de las Torres de Quart, adjudicadas en 2006 a una unión temporal de empresas liderada por CLEOP.
Según la acusación, el procedimiento estuvo amañado desde el inicio y el entonces gerente de la constructora, Carlos Turró Homedes, habría abonado 20.000 euros para asegurarse el contrato. La Fiscalía subraya la falta de justificación técnica en las puntuaciones otorgadas y la opacidad de los informes emitidos.
La pieza E también incluye las contrataciones vinculadas a la XXVII Mostra de Valencia, organizada por la Fundación Municipal del Cine, presidida entonces por Alcón. Entre ellas se encuentra el contrato de azafatas y personal auxiliar, adjudicado a la empresa Universo Selección SL, propiedad de Enrique Aleixandre Chumillas, así como otros servicios de producción y organización de eventos culturales.
Según la Fiscalía, estas adjudicaciones se realizaron introduciendo criterios subjetivos en los pliegos para favorecer a empresas determinadas, que posteriormente entregaban dinero en efectivo e incluso un vehículo como contraprestación.
Además de las penas de prisión, la Fiscalía solicita el decomiso de 29.000 euros procedentes de las comisiones ilícitas y reclama una responsabilidad civil conjunta de 164.626 euros a Benavent y Burgos por el desvío de fondos públicos en la Fundación Jaume II El Just.
