Peaje de la autopista AP-7. EFE-Archivo
Durante su intervención en el Senado ha abogado por abrir una reflexión por parte del Congreso y del Senado, en la sociedad, con los sindicatos, empresarios y con el sector sobre cómo financiar las infraestructuras que permita concluir qué hacer y cómo internacionalizar los costes de las mismas, entre ellos los medioambientales.
Asimismo, ha recordado que las autopistas de peaje cuya concesión acaba en esta legislatura (AP-1 entre Burgos y Armiñón; AP-7 entre Alicante y Tarragona y AP-4 entre Sevilla y Cádiz) no se van a prorrogar "por una razón de justicia" y al entender que los usuarios han pagado "durante muchÃsimos años" la construcción de estas autopistas.
"Por razones de justicia no se van a prorrogar estas concesiones y no van a ser gestionadas por ninguna empresa, se van a levantar los peajes. Es una decisión clara y contundente", ha apuntado el "número dos" de Fomento.
"No va a haber una gestión privada de la AP-7 después de la concesión. Más claro imposible", ha insistido Saura, que ha subrayado que el modelo español es "injusto territorialmente" y "asimétrico", al tiempo que ha defendido que todos los modos de transporte estén en las mismas condiciones.
Como ejemplo, Saura ha subrayado que en el caso de la AP-7 se han encadenado tres prórrogas, pasando de los 27 y 24 años iniciales a 47 en el tramo entre Tarragona y València y 50 años entre València y Alicante.
Además, ha indicado que cuando se levanten los peajes en la AP-7 tendrá que haber mejoras de la conectividad y la operatividad y ha avanzado que en próximas semanas se reunirá con el Gobierno valenciano para trabajar en ello.
También ha recordado que España presenta un déficit de mantenimiento en infraestructuras y que, analizando la inversión óptima anual en mantenimiento desde 2012, los técnicos lo cifran en 2.000 millones.
