La consellera Gabriela Bravo, en el centro con los sindicatos La Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas y los sindicatos con representación entre los funcionarios adscritos a los juzgados, tribunales y fiscalías valencianos han firmado el acuerdo que fija los criterios de implantación de la nueva oficina judicial en la Comunitat.
La consellera Gabriela Bravo ha defendido que "la implantación de la nueva oficina judicial en la Comunitat Valenciana es un reto que tanto la Administración como las organizaciones sindicales asumen como imprescindible para la modernización de la Justicia y la mejora del servicio público que presta, y que también se traducirá en un avance en condiciones laborales del personal al servicio de la administración judicial".
El acuerdo suscrito este jueves recoge una serie de criterios que se incorporarán a las diferentes órdenes de creación de los servicios comunes y unidades procesales de apoyo directo, que son la base de la nueva reestructuración y reordenación del trabajo en las oficinas judiciales y fiscales. Además de la consellera Bravo, firmaron el documento los representantes de UGT, CCOO, Intersindical Valenciana y el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAG). El representante del CSI-F ha declinado rubricar el texto.
La firma del acuerdo supone en la práctica el arranque del proceso de implantación de la nueva oficina judicial diseñada en la Ley 13/2009 que nunca fue desarrollada en la Comunitat Valenciana. Por este motivo, la actual estructura de la oficina judicial es la misma del siglo pasado. Su rigidez mantiene atomizadas las plantillas de los órganos judiciales e impide la puesta en marcha de formulas organizativas que permitirían optimizar los recursos, lo que obstaculiza una correcta respuesta de la administración judicial a los ciudadanos.
A partir de ahora, la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas aprobará las nuevas relaciones de puestos de trabajo (RPT) necesarias para el despliegue de la nueva oficina judicial sin que ello suponga una disminución de puestos de trabajo. Estas RPT incluirán ya una nueva adscripción de las plazas diferenciadas por secciones en los distintos servicios comunes procesales y unidades procesales de apoyo directo que sustenten esta estructura organizativa.
En lo que a las retribuciones de los funcionarios se refiere, la conselleria se comprometió a que ningún funcionario o funcionaria verá disminuidas las retribuciones complementarias fijas que perciba en el momento de la implantación de la nueva ofgicina si, con ocasión del proceso de acoplamiento, no pudiese ser confirmado en un puesto con similares características y pasase a desempeñar un puesto de trabajo genérico con retribuciones complementarias inferiores.
Además, la conselleria, consciente del esfuerzo que puede suponer a los funcionarios la adaptación al nuevo modelo organizativo, ha aceptado incluir y consolidar en el complemento específico de todos los puestos de trabajo que se incorporen al nuevo modelo la cantidad que se viene percibiendo hasta ahora en concepto de productividad. Y se fija un complemento específico para los puestos genéricos superior a la media nacional.
Por último, en todos los servicios comunes de asuntos generales de la Comunitat habrá al menos un puesto de trabajo en el que se exija como requisito acreditar al menos el nivel elemental de conocimiento del valenciano.
Uno de los puntos más controvertidos en las negociaciones fue el de las guardias judiciales. El consenso básico pudo cerrarse en torno al compromiso adquirido por la conselleria para que el nuevo modelo de reparto de funciones en el seno de la oficina judicial no reduzca el número de guardias que realizan los empleados públicos, de manera que mantengan el mismo nivel de compensación económica que perciben en la actualidad.
El proceso de acoplamiento del personal al servicio de la administración de Justicia al nuevo modelo se desarrollará primando la voluntariedad de los funcionarios para acceder a los nuevos puestos. Se respetarán las preferencias de aquellos empleados públicos que perciben en la actualidad retribuciones complementarias fijas superiores por cualquier concepto (por actos de comunicación, peligrosidad, salida a centros penitenciarios, etc.).
La Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas es consciente de que la promoción profesional no solo puede conseguirse mediante el ascenso jerárquico o la movilidad entre puestos, sino también al profundizar en el conocimiento y experiencia en el mismo puesto de trabajo. Por eso, considera conveniente la introducción de mecanismos horizontales de progresión que permitan avanzar al personal funcionario, tanto desde un punto de vista retributivo como de prestigio, y consolidar la posición alcanzada en su trayectoria profesional.
Con este objetivo, el acuerdo incluye el compromiso de la conselleria de implantar la carrera profesional en el ámbito del personal funcionario del servicio de la Administración de Justicia transferido una vez que el referido concepto retributivo sea recogido por la Ley Orgánica del Poder Judicial. A tal fin, impulsará ante Les Corts Valencianes la aprobación y tramitación de una proposición de ley para instar la reforma de dicha norma.
