Hay formas de castigar a una autonomÃa sin necesidad de hacer ruido. Se puede recortar sin firmar un decreto. Se puede maltratar sin levantar la voz. El Gobierno de España ha perfeccionado ese arte oscuro con la Comunitat Valenciana, a la que hoy niega el pan y la sal mientras mantiene el discurso de la igualdad territorial. En lugar de apoyar a una comunidad que sufre una financiación estructuralmente injusta, opta por bloquear el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), un salvavidas financiero esencial para su supervivencia económica, con el agravante de que los recursos son más urgentes que nunca tras la DANA del 29 de octubre del 2024. Pero lo que está ocurriendo va mucho más allá de la frialdad de una partida presupuestaria: es una asfixia planificada, silenciosa y profundamente polÃtica.
La Generalitat Valenciana no ha recibido ni un euro del FLA correspondiente al ejercicio en curso. Este instrumento, que permite a las comunidades con menor capacidad fiscal afrontar pagos fundamentales -como salarios, hospitales, educación o ayudas sociales-, ha sido retenido sin una explicación convincente. El Gobierno central se ampara en la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Pero todos sabemos que eso es una excusa. El FLA se ha activado en otras ocasiones sin necesidad de presupuestos nuevos. Aquà no se trata de falta de recursos, sino de voluntad polÃtica.
Mientras tanto, el Ejecutivo de Pedro Sánchez calla. O peor: mira hacia otro lado, permitiendo que la Comunidad Valenciana se desangre mientras la deuda se acumula y los proveedores empiezan a reclamar impagos. El mensaje es tan claro como cruel: o bailas al son de Madrid o te cierro el grifo.
Pero si la asfixia financiera ya es grave, lo ocurrido durante la DANA del pasado 29 de octubre en Valencia es directamente intolerable. Porque esa tragedia, con miles de afectados, calles anegadas, cultivos perdidos y vidas truncadas por el agua y el barro, tenÃa responsables con nombres y competencias concretas. El principal de todos: el Gobierno de España.
Durante años, los expertos han advertido sobre la necesidad de ejecutar obras preventivas en barrancos, cauces secundarios y redes de evacuación hÃdrica en la costa mediterránea. Informes técnicos, peticiones autonómicas y avisos de los ayuntamientos han sido reiteradamente ignorados por el Ministerio de Transición Ecológica y la Confederación Hidrográfica del Júcar, organismos que dependen directamente del Estado. Nada se hizo. Ni una inversión significativa. Ni una actuación estructural en los puntos crÃticos señalados.
AsÃ, cuando la gota frÃa golpeó con fuerza devastadora, no era solo la naturaleza la que hablaba. Era también la dejadez institucional de un Estado que habÃa sido advertido y prefirió mirar a otro lado. La tragedia del 29-O no fue solo meteorológica: fue polÃtica.
En este contexto, se vuelve urgente exigir un liderazgo claro y decidido del Gobierno de España. No basta con enviar una ministra dÃas después de la catástrofe para hacer una foto entre barro y lodo. El Estado debe asumir su responsabilidad directa tanto en la prevención no realizada como en la reconstrucción que ahora se exige. Y ese liderazgo debe ir acompañado de recursos reales, no de promesas vacÃas.
Porque no se puede pedir a una comunidad autónoma ahogada por una deuda estructural -originada en buena parte por la infrafinanciación histórica reconocida por el propio Ministerio de Hacienda- que afronte sola los costes millonarios de reparar infraestructuras, viviendas, carreteras y redes hidráulicas. El Gobierno de España debe liderar con medios económicos, técnicos y humanos una reconstrucción integral, en coordinación con la Generalitat, los ayuntamientos y, por supuesto, con el respaldo de la Unión Europea.
Europa también tiene un papel esencial. Los fondos Next Generation, el Mecanismo de Protección Civil Europeo, o incluso las ayudas del Fondo de Solidaridad de la UE son herramientas reales para actuar. Pero hace falta algo más que burocracia: hace falta voluntad polÃtica y una voz firme del Gobierno central en Bruselas para reclamar lo que es justo para una región golpeada por una catástrofe natural agravada por la desidia institucional.
Lo que duele especialmente en la Comunidad Valenciana es el doble rasero evidente. Mientras otras comunidades ven cómo el Estado acude en su auxilio con rapidez cuando hay problemas, aquà se nota una frialdad calculada. El agravio no es nuevo, pero ahora se hace intolerable: no sólo se nos niega el apoyo, sino que se nos penaliza por reclamarlo. Y lo más triste: todo esto se hace en silencio, sin grandes titulares, sin portadas escandalosas, como si se tratara de una maniobra quirúrgica para debilitar polÃticamente a una autonomÃa sin encender alarmas en el resto del paÃs.
Pero no se puede seguir aceptando este trato sin levantar la voz. La Generalitat, el tejido civil, los medios y la sociedad valenciana en su conjunto deben exigir lo que nos corresponde: una financiación justa, el desbloqueo inmediato del FLA y la reparación urgente de los daños causados por la DANA. No es limosna: es justicia.
Basta ya de utilizar los fondos del Estado como moneda de cambio polÃtica. Basta de convertir a los ciudadanos en rehenes de la estrategia electoral de Moncloa. Cada dÃa que pasa sin el FLA aprobado, cada dÃa que se aplazan obras hidráulicas vitales, es un dÃa más de sufrimiento para miles de personas. Pensionistas, autónomos, agricultores, sanitarios, familias enteras que viven con la incertidumbre de si el Estado las abandonará otra vez.
El Gobierno de España no puede seguir escondiéndose tras excusas técnicas. Debe asumir su responsabilidad en la tragedia del 29 de octubre. Debe liderar la reconstrucción y liberar los fondos que por ley y justicia corresponden a la Comunidad Valenciana, de la
mano con la Generalitat Valenciana y los Ayuntamientos. Y debe hacerlo con urgencia. No hay más tiempo. Dejad el puñetero partidismo y tacticismo electoralista de una p. vez. ¡Por respeto a los damnificados!
