El exdirector general de Acuamed, Arcadio Mateo. EFE-Kai Försterling-Archivo
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha procesado a 42 personas en el caso Acuamed, la investigación en la empresa pública por la adjudicación y ejecución supuestamente irregular de una veintena de obras hidráulicas y medioambientales en la cuenca del Mediterráneo, entre ellas, obras en el río Serpis y la depuradora de Torrevieja.
Entre los procesados figura el ex director general de Acuamed Arcadio Mateo, a quien se le imputa haber obtenido de las empresas contratistas dádivas en forma de viajes y estancias dentro y fuera de España, e incluso un implante de pelo en Turquía por valor de 4.500 euros. También se le acusa de haber especulado con un crédito de 500 millones de euros que le fue concedido a Acuamed.
En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 considera que los hechos por los que se acuerda el procesamiento y que se investigan desde 2016 son constitutivos de los delitos de corrupción en los negocios, falsedad documental, fraude a la administración, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho.
Entre las obras investigadas se encuentran el sistema de dotación de agua desde el embalse de cerro colorado al valle del Guadalentín (Murcia); el proyecto constructivo de las obras complementarias de la planta desaladora del Campo Dalias, Balsas del Cañuelo y la Redonda (Almería).
También el expediente de proyecto modificado de las obras de control y laminación de avenidas en la cuenca media del río Serpis (Valencia); el contrato de redacción del proyecto, ejecución de las obras y operación y mantenimiento de la planta desaladora de Torrevieja (Alicante) o las obras de eliminación de la contaminación química en el embalse de Flix (Tarragona).
El juez da por indiciariamente acreditadas, tal y como expuso en su informe la Fiscalía Anticorrupción, las irregularidades cometidas en cada uno de los contratos con el objeto de favorecer a determinadas contratistas de la empresa Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.
De acuerdo con el auto, a cambio de las adjudicaciones algunos de los procesados recibían diferentes dádivas, como fue el caso del principal investigado, Arcadio Mateo.
En algunos de esos contratos, las comunicaciones intervenidas, indica el juez, evidencian que desde Acuamed se actuaba al margen de los criterios técnicos que debían guiar la actuación de la empresa pública en la gestión de los intereses generales.
Así, se facilitaba el trabajo al contratista permitiéndole intervenir en la redacción de los informes que Acuamed debía emitir, variando para ello los conceptos y los importes a incluir en la liquidación de las obras y en la reclamación a conveniencia del mismo hasta alcanzar los mínimos que se habrían pactado, con independencia de cuál fuera la realidad de la obra.
El auto subraya que el entonces director de Ingeniería y Construcción de la sociedad estatal Francisco Valiente, hasta abril de 2014, y más tarde Gracia Ballesteros, gerente Territorial, comunicaron por escrito en diversas instancias del Ministerio y de Acuamed las graves irregularidades detectadas en el ejercicio de sus cometidos en unas concretas actuaciones de la empresa pública.
"Como toda respuesta se dejó de atender al primero y se le cesó, y se apartó de su estudio al Abogado del Estado Coordinador jefe del Convenio de Gestión Directa suscrito con Acuamed, tal y como él mismo declaró, contratándose por la sociedad estatal a unos asesores externos", relata el juez. Igualmente, Gracia Ballesteros fue removida de su puesto.
El auto relata también que el 14 de junio de 2012 se firmó el contrato crédito de financiación entre el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente por un importe de hasta 500 millones de euros que solicitó Acuamed para sufragar costes en relación con la construcción de diferentes infraestructuras hidráulicas como presas, desalinizadoras, balsas o canalizaciones.
Antes de la firma del contrato de préstamo, Arcadio Mateo, que conocía que su tramitación estaba en curso, decidió de forma unilateral invertir el capital público recibido del préstamo solicitado por Acuamed, colocando el mismo en diversas entidades bancarias y contratando a un asesor para que colaborara con él en estas actividades.
"De este modo, Arcadio Mateo del Puerto, excediéndose en las funciones que tenía atribuidas, y con el apoyo de Francisco López Berrocal, habría realizado actividades especulativas con el dinero del préstamo BEI, formando una cartera de inversión a largo plazo de títulos del estado en entidades como BBVA, Santander, Unicaja y Caja laboral, actividad que se aleja del objeto social de ACUAMED, haciendo caso omiso a las advertencias que le llegaban de la Dirección General de Patrimonio del Estado (DGPE)", dice el auto.
