El exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso a su llegada a los juzgados el día que declaró como investigado en la causa judicial sobre la dana. EFE-Biel Aliño-Archivo
El abogado del ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso ha insistido a la jueza que instruye la causa penal por la dana en la necesidad de escuchar a los guardias civiles que redactaron un informe sobre la cronología de los hechos, al tiempo que se opone a la sanción que la magistrada ha propuesto estudiar contra él por sugerir que su marido participa en interrogatorios.
En un recurso al que ha tenido acceso EFE, el letrado José María Bueno solicita de nuevo que los referidos guardias civiles puedan comparecer para ratificar o ampliar su informe y añade: "Que dicho informe no se corresponda por lo deseado por su señoría no es óbice para la admisión de dicha prueba".
"El tribunal llama en numerosas ocasiones a peritos sin pericia alguna a fin de que informen de lo que las partes desconocen, puesto que no hay pericia de base", lamenta este letrado en un recurso de 29 páginas en el que expresa de nuevo una posición frontalmente opuesta a la de la instructora, en el fondo y en las formas.
Uno de los fundamentos mediante el cual la jueza se mostró crítica con el referido informe del Instituto Armado fue que "incide en cuestiones ya resueltas por el juzgado" y "refleja una teoría, la del apagón informativo, plenamente superada", a lo que este letrado responde que "las resoluciones de su señoría carecen de eficacia de cosa juzgada, son meras declaraciones provisionales a expensas de lo que pueda decidir un futurible tribunal sentenciador".
"Ese informe discrepante de la Guardia Civil puede ser prueba no del error de estos agentes, sino de la incorrección de algunas consideraciones de su señoría", añade.
"Se dice que es un informe 'erróneo' (ello lo ha repetido la jueza en anteriores resoluciones), lo cual como motivo de inadmisión nos resulta curioso -apunta-, puesto que no hubo en admitir a trámite y escuchar, por ejemplo, al perito Gil Garre, quien dijo que el suyo era un informe provisional, pues no había podido conocer documentos oficiales de gran cantidad de administraciones, ni por supuesto estudiar todo el material instructor habido hasta ese momento".
"La jueza -continúa el letrado de Argüeso- no objetó nada en ese momento para admitir dicha pericial, que además era de parte, emitida por una persona vinculada a una de las acusaciones populares, frente al realizado por servidores públicos".
También alude en su recurso al último informe de Emergencias, en el que se hace constar que la Aemet indicó a la Generalitat que el máximo de intensidad del episodio de lluvias se desplazaba hacia la serranía de Cuenca entre las 18 y las 21 horas del 29 de octubre.
Advierte asimismo de que la CHJ avisó de la fuerte crecida de la rambla del Poyo a las 18:43 por correo electrónico y que ni el presidente de esta entidad, Miguel Polo, ni la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ni el responsable de la Aemet José Ángel Núñez alertaron al Cecopi sobre el mismo mensaje.
En una segunda parte de su recurso, el letrado se opone también a la apertura de una pieza separada -ordenada recientemente por la jueza- dirigida a determinar la procedencia de una sanción al abogado por el contenido del escrito en el que pedía la citación de nuevo de dos testigos e información sobre la posible participación del marido de la jueza en esos interrogatorios.
Bueno justifica su petición en la aparición de "noticias en prensa digital acerca de que había víctimas de la dana que afirmaban haber sido interrogadas por el marido de la jueza".
La instructora rechazó de plano esta solicitud y afirmó -en un auto- ser víctima de una campaña difamatoria y machista, al tiempo que acusó a este letrado de "violar todos los principios más elementales de deontología profesional" y propuso la apertura de una pieza separada en la que se estudiase una sanción para él.
"Se pretende convertir por el letrado Bueno este procedimiento en el lugar, no donde se investiguen los homicidios y lesiones imprudentes, sino donde se me investigue a mí y por supuesto a mi marido. Una deriva aberrante del procedimiento que se acepta sin complejos", expuso la jueza la semana pasada.
A este extremo, responde el letrado: "No hay falta de respeto alguna. De todo ello extrae su señoría que queremos decir que es que ella no es capaz de llevar el procedimiento por sí misma. Lo cual es un dislate. Pretender decir que ello es un ataque a la titular del Juzgado como mujer es sinceramente victimizarse de forma maniquea e indebida para poder justificar una ilícita y antijurídica sanción".
"Está sufriendo un ataque mediático que la denigra como mujer y como jueza. Pero, aun cuando ello fuera cierto, que creo que no lo es, ¿qué tendría que ver el letrado que suscribe con ello? Y lo que es mas grave: ¿qué tiene que ver la petición que se le ha hecho a la LAJ -sobre los testigos supuestamente interrogados de forma indebida- con esa denigración?".
