El expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps a su llegada a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. EFE-Archivo
Los choques entre el tribunal que juzga al expresidente valenciano Francisco Camps y la Fiscalía son ya algo habitual cada jornada, pero este miércoles han llegado a su máxima expresión cuando el presidente de la Sala ha reprendido a la fiscal por mirar el móvil y ésta ha denunciado que no se encuentra en igualdad con las defensas.
Ha ocurrido durante el último interrogatorio de la sesión del juicio por adjudicaciones supuestamente irregulares a la trama Gürtel que este miércoles ha celebrado la Audiencia Nacional, cuando la fiscal Anticorrupción Concepción Nicolás ha cogido su móvil para consultar un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal mientras declaraba una testigo.
"Por favor, ¿el ministerio fiscal quiere dejar de utilizar su teléfono móvil durante el interrogatorio?", ha inquirido el presidente del tribunal, José Antonio Mora, minutos después de advertir a la fiscal de la improcedencia de alguna de sus preguntas.
La llamada de atención ha generado un gran malestar en la fiscal, que ha explicado que estaba buscando un artículo en la ley -"señoría, voy a buscar un artículo para poderlo referir literalmente; un artículo que no me sé de memoria"-, y ha denunciado una "quiebra del principio de igualdad" en el procedimiento.
"No tiene nada que ver el principio de igualdad con el tema de que usted utilice el teléfono móvil durante el interrogatorio", ha contestado Mora Alarcón, que más tarde ha especificado que no le prohibía buscar el artículo -"lo que le prohíbo es que utilice el teléfono móvil"-.
La fiscal ha considerado que "la ruptura del principio de igualdad es más que evidente" y también "los obstáculos" que se encuentra en el juicio para el ejercicio de sus funciones.
Finalmente, ha conseguido leer el artículo con el que ha querido resaltar que puede hacer valer las contradicciones entre la declaración prestada por un testigo hace años en instrucción y la que ofrece en el juicio, y ha hecho constar su protesta "por esto y -ha añadido- porque no se nos está dejando hacer uso pleno de la prueba".
Esta ha sido solo una muestra más de la tensión que se vive desde hace semanas entre el tribunal y las fiscales, principalmente por la decisión de la Sala de permitir declarar a los testigos, la mayoría de Valencia, por videoconferencia para evitar que se desplacen a Madrid y luego no puedan comparecer porque tenga que suspender la sesión debido a la huelga de funcionarios de Justicia.
Las fiscales, que suelen preguntar a cada testigo si han hablado con alguien antes del juicio, protestan cada día por las dificultades que se encuentran en los interrogatorios, con continuos problemas de los testigos para ver con comodidad los documentos que se les exhiben, y denuncian que no se practique la prueba con las "suficientes garantías".
El último choque vivido entre el presidente del tribunal y la Fiscalía se ha producido durante el interrogatorio de Inmaculada Guaita, que fue responsable de relaciones institucionales de una sociedad pública valenciana y diputada del PP.
Ya al inicio de su declaración, la Fiscalía ha discrepado de que ésta se practique desde la localidad valenciana de Picassent, en lugar de desde los juzgados de Valencia.
"¿Le han ofrecido la posibilidad de declarar allí?", ha preguntado la fiscal, una cuestión que el magistrado ha visto "totalmente irrelevante", cuando Picassent "está a un cuarto de hora en coche de Valencia".
"18,8 kilómetros, señoría", ha puntualizado Concepción Nicolás; "correcto, se lo estoy diciendo, y además por autopista. No creo que sea objeto del interrogatorio", ha zanjado el magistrado.
"Consta protesta", ha dicho por enésima vez la fiscal.
