El autodenominado yonki del dinero, Marcos Benavent, en una de las jornadas de juicio en la Ciudad de la Justicia de València. EFE- Biel Aliño
La Fiscalía Anticorrupción ha retirado los beneficios que había pedido en su escrito provisional para el exgerente de Imelsa y autodenominado 'yonki del dinero', Marcos Benavent, y solicita finalmente para él una condena de 12 años (frente a los 9 años y seis meses que pedía al inicio del juicio), los mismos que pide para Alfonso Rus, Máximo Caturla y Emilio Llopis.
La décimo octava sesión del juicio del caso Imelsa por la supuesta contratación de trabajadores que no acudían a sus puestos en las empresas públicas Imelsa y Ciegsa ha alcanzado este viernes la fase de conclusiones, en la que las acusaciones han elevado a definitivas sus peticiones de condena con algunas modificaciones, como la de Benavent.
En esta causa también está procesado el exsubdelegado del Gobierno en Valencia con el PSPV-PSOE Rafael Rubio, quien supuestamente formó parte del grupo de trabajadores a nómina de la empresa pública Imelsa sin realizar tarea alguna en la misma. Por estos hechos se enfrenta a una petición de condena de 6 años.
El fiscal ha cambiado un punto de sus conclusiones referidas a Rubio para modificar que el delito de falsedad que le atribuye fue cometido por funcionario y no por particular, como figuraba anteriormente, si bien no ha informado de que esto suponga un cambio de condena.
El fiscal reclama que el expresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Xàtiva con el PP, Alfonso Rus, sea condenado a 12 años de prisión, igual que el ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla (se unieron las causas por supuestos trabajadores 'zombis' en Imelsa y en Ciegsa) y el que fue jefe de gabinete de Rus, Emilio Llopis.
Aunque en la descripción de los hechos se reclama para ellos un total de 18 años, por pertenencia a organización criminal, malversación, prevaricación y falsedad (en su modalidad continuada), el fiscal aprecia que estos tres últimos delitos están en concurso ideal, por lo que estima más beneficiosa la aplicación de una pena conjunta para el delito más grave en su grado máximo.
Por ello, la petición queda reducida a 12 años, más una multa de veinticuatro meses con una cuota diaria de 30 euros y la inhabilitación especial por 6 años.
El juicio se inició con 26 acusados, pero uno de los supuestos empleados 'zombis' admitió los hechos al inicio del juicio, pidió cambiar de abogado y finalmente el tribunal acordó que se le juzgase en una pieza separada.
Del total de 25 acusados, once han admitido los hechos y han empezado a abonar su responsabilidad civil, motivo por el cual el fiscal ha pedido para ellos una rebaja de condena hasta los 14 meses de prisión, que en algunos casos se cambiará por multas.
Los procesados que han admitido los hechos son José Estarlich, Miguel Ángel Mullor, Óscar Pavón, Salvador Tormo, Raúl Mateo, Eva Sarrión, Antonio Gil, Juan Sanchis, Manuel Gómez, José Adolfo Vedri y Raúl Pardos.
La Abogacía de la Generalitat ha retirado la acusación contra una de las consideradas trabajadoras 'zombis' de Ciegsa, Clara Sáez Alepuz.
