La consellera de Hacienda, Ruth Merino. -EFELa Conselleria de Hacienda ha salido al paso de las críticas del PSPV sobre un supuesto "anticipo ocultado" de 500 millones de euros recibido del Gobierno en enero. Desde el departamento que dirige Ruth Merino, niegan que se trate de una transferencia extraordinaria y aseguran que estos recursos corresponden a la Comunitat Valenciana y deberían haberse incluido desde el principio en las entregas a cuenta.
"Los anticipos de la liquidación del sistema de financiación no son una transferencia graciosa del Gobierno de Sánchez, sino recursos propios de la Comunitat Valenciana derivados del sistema de financiación", explican desde la Conselleria. En este sentido, sostienen que "este dinero debería haberse incluido desde el principio en las entregas a cuenta, no en julio como parte de la liquidación".
La Generalitat denuncia además que lo que verdaderamente es excepcional es "que el Gobierno de Sánchez lleve la tesorería de las comunidades autónomas al límite de su capacidad por su negativa a actualizar ya las entregas a cuenta de 2025 mediante un Real Decreto-Ley".
"Cada euro que llega es de los valencianos, no un favor del Gobierno. Lo que necesitamos no son préstamos con titulares, sino una financiación justa, estable y digna", remarcan desde la Conselleria, en respuesta directa a las declaraciones del dirigente socialista Arcadi España, que acusó al president Mazón de "ocultar" el ingreso ante la opinión pública y Les Corts.
Fuentes del departamento de Hacienda alertan de que, en estos momentos, la Generalitat Valenciana está recibiendo "casi 200 millones de euros menos cada mes de lo que le correspondería porque el Gobierno de España no ha actualizado las entregas a cuenta del sistema de financiación".
Según trasladan desde el Consell, esta situación se debe a que la Comunitat sigue recibiendo las entregas a cuenta calculadas sobre los datos de 2023, una circunstancia que compromete gravemente la liquidez de la administración autonómica. "Los valencianos no pueden pagar la factura de un Gobierno incapaz de presentar presupuestos ni de aprobar un decreto de actualización", afirman.
Ante este escenario, la Generalitat reitera que "lo que el Gobierno debe hacer de inmediato es actualizar las entregas a cuenta y habilitar el FLA extraordinario", dos medidas que consideran urgentes e imprescindibles.
Otro de los puntos que ha generado malestar en el Consell es la afirmación de representantes del PSPV sobre una supuesta ayuda estatal de 2.400 millones para hacer frente a los daños de la dana. La Conselleria lo desmiente tajantemente: "Los supuestos 2.400 millones para la dana de los que habla el señor Muñoz no son ayudas: son deuda que tendrá que devolver la Generalitat, no recursos a fondo perdido como los que sí hubo en la pandemia".
A juicio del Ejecutivo autonómico, "hablan de compromiso con la Comunitat, pero no han puesto ni un solo euro para que la Generalitat afronte la reconstrucción. Todo son préstamos y propaganda".
La Conselleria también ha criticado que el PSPV haya "roto el consenso histórico en la Comunitat Valenciana al negarse a apoyar la petición de un fondo de nivelación transitorio", una reclamación que ha sido respaldada por partidos políticos, la patronal y los sindicatos. Desde el Gobierno valenciano lo califican como "una traición sin precedentes a los valencianos y la evidencia de que el PSPV prioriza las directrices de su partido en Madrid sobre los intereses de la Comunitat".
La Generalitat insiste en que "no es una transferencia adicional ni se ha ocultado nada". De hecho, apuntan que en 2024 ya hubo una operación similar -aunque por un importe inferior, de 117 millones de euros- sin que entonces se generara controversia.
En conclusión, recalcan que "son recursos que pertenecen a la Comunitat Valenciana, que salen del sistema de financiación y que deberían haber llegado en las entregas a cuenta de 2023. Solo por el mal cálculo del Gobierno llega ahora, dos años después".
Mientras no se produzca la reforma del sistema de financiación, la Generalitat considera que la habilitación del FLA extraordinario y la anticipación de las entregas a cuenta son medidas "urgentes e imprescindibles" ante los problemas de liquidez que afectan no solo a la Comunitat Valenciana, sino al conjunto de las autonomías.
