Imagen de archivo de operarios trabajando en el barranco del Poyo a su paso por Paiporta. EFE-Ana Escobar
La Generalitat ha recordado que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) dispone de agentes medioambientales, que tienen encomendada la labor de ejercer las funciones de policía de aguas y vigilar el cauce los barrancos. Fuentes de la Generalitat destacan que el artículo 94 de la Ley de Aguas deja claro que la vigilancia de elementos del dominio público hidráulico, zonas de servidumbre y perímetros de protección, se ejercerá por la Administración hidráulica competente.
Las mismas fuentes señalan que, entre sus funciones, destacan "la inspección y control del dominio público hidráulico, así como la realización de aforos, información sobre crecidas y control de la calidad de las aguas", siendo en todo caso que en el ejercicio de su función, los Agentes Medioambientales destinados en las comisarías de aguas de los Organismos de cuenca tienen el carácter de autoridad pública y están facultados para, entre otros, realizar mediciones, obtener fotografías, vídeos, grabación de imágenes.
De hecho, la Generalitat recuerda que la propia CHJ admitió en redes sociales que movilizó a sus agentes medioambientales y Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, afirmó el 29 de octubre que iban a "estar atentos a las zonas afectadas por avenidas. La Confederación del Júcar tiene monitorizados absolutamente todos los espacios".
Las mismas fuentes lamentan que la realidad fue que ni la Delegación del Gobierno, responsable de todas las agencias estatales implicadas en la gestión de la emergencia, ni la CHJ a través de sus agentes monitorizaron lo que dijeron que iban a monitorizar. Prueba de ello es que el barranco del Poyo acumuló un caudal equivalente a cuatro veces el caudal del Ebro y ni se enteraron ni alertaron ni avisaron del desbordamiento de esta rambla, que es la que causó la mayor parte de las muertes el pasado 29 de octubre.
