El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo. EFE- Biel Alino
La juez de Catarroja que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana del 29 de octubre ha acordado citar como testigo, y no como investigado, al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, y a otras doce personas en esa misma condición.
Así lo recoge un auto facilitado este jueves por el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV), en el que la jueza responde a la petición de uno de los dos investigados en la causa, el ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, de que se imputara a cuatro cargos públicos, entre ellos a Polo, y se citara a varios testigos.
Además, la jueza afirma que la "tesis de la ignorancia" que expuso Argüeso en su declaración judicial sobre la evolución de la emergencia es "dificílmente admisible", pues además de los datos a su alcance podría "solicitar él mismo que se le informara".
El jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia el día de la dana, José Miguel Basset; el director general de Emergencias, Alberto Javier Martín; el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez; y las alcaldesas de Paiporta, Maribel Albalat, de Catarroja, Lorena Sirvent y el alcalde de Sedaví, José Francisco Cabanes, son otros citados como testigos.
La instructora afirma que "no concurren indicios de delito" que justifiquen la imputación del presidente de la CHJ y destaca que no se puede alegar un desconocimiento de los responsables de emergencias de la Generalitat del Sistema Automático de Información Hidrológia (SAIH), ni de la posibilidad de acceso al mismo.
Cuestiona que se quiera atribuir responsabilidad penal al presidente de la Confederación Hidrográfica y a "prácticamente todos los cargos, directivos o no, de dicho organismo", y señala que el organismo de cuenca envió correos electrónicos entre las 16:13 horas y las 18:43 horas sobre el caudal del barranco del Poyo y el SAIH proporcionaba información.
"No es admisible en modo alguno que se desconozca por el secretario autonómico el SAIH ni la forma de acceso a los datos. En el caso de que fuera así, dicha ignorancia sería parte de la negligencia que se le ha de atribuir en la gestión de una emergencia", advierte la jueza.
Además, señala que la provincia de Valencia estaba en emergencia por "un gravísimo riesgo de inundación" y recuerda que Argüeso envió un mensaje a las 14:44 horas en el que decía "los barrancos están a punto de colapsar", lo que "supone un conocimiento claro de que podían producirse desbordamientos, no sólo por la zona de Carlet, sino respecto del barranco del Poyo".
"Se olvida de manera reiterada que debe existir una conexión entre los fallecimientos, la posición de garante y la inactividad de quien ocupaba dicha posición", indica la jueza sobre la petición de Argüeso.
Sobre los otros cargos públicos a los que Argüeso pedía imputar -el Jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, la Jefa del servicio de coordinación de 112 y la Técnico de comunicación de Emergencias-, la jueza afirma que estar en el Cecopi o formar parte de la Administración encargada de la emergencia no es "elemento suficiente" para ello, y les cita como testigos.
Indica que el secretario autonómico no podía limitarse, pese a lo que "insistentemente" declaró, a "esperar que se le informara, aunque datos, circunstancias, llamadas, informes estaban plenamente a su alcance", y en cualquier caso los podría haber solicitado ante un "evento meteorológico gravísimo".
El resto de personas a las que se va a citar como testigos son la comisaria de Aguas de la CHJ, el director de la empresa pública SGISE, la directora general de prevención de incendios forestales y la Comisaria Jefa de la Unidad Adscrita de la Policía Autonómica que estuvo en el Cecopi el día de la dana. Asimismo ha llamado a los primeros munícipes de las localidades de Cararroja, Paiporta y Sedaví, para que cuenten como vivieron el día del desastre.
