Juan Carlos GalindoLa transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción polÃtica. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crÃtica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos.
Los paÃses con mayores niveles en materia de transparencia y normas de buen gobierno cuentan con instituciones más fuertes, que favorecen el crecimiento económico y el desarrollo social. En estos paÃses, los ciudadanos pueden juzgar mejor y con más criterio la capacidad de sus responsables públicos y decidir en consecuencia. Permitiendo una mejor fiscalización de la actividad pública se contribuye a la necesaria regeneración democrática, se promueve la eficiencia y eficacia del Estado y se favorece el crecimiento económico
Este sistema busca que los ciudadanos cuenten con servidores públicos que ajusten sus actuaciones a los principios de eficacia, austeridad, imparcialidad y, sobre todo, de responsabilidad.
La apuesta por este ideal de transparencia constituye, por tanto, una exigencia inaplazable en aras a la plasmación de aquellos nuevos valores o principios que están llamados a mejorar la vertebración y cohesión de nuestra sociedad.
Las sociedades democráticas avanzadas han reorientado en los últimos años su acción polÃtica y su diseño institucional desde burocráticas estructuras de conocimiento y toma de decisiones, hacia un enfoque más holÃstico y flexible, focalizado sobre la participación, la apertura informativa y la coproducción de conocimiento y servicios. No ha sido fruto de un convencimiento académico o ideológico, sino consecuencia ya inevitable de la evolución casi vertiginosa, del sentir de los ciudadanos que exigen participar en la polÃtica de más formas que la representación parlamentaria clásica.
El desarrollo de las tecnologÃas de la información y de las redes sociales como mecanismos de participación casi en tiempo real no es ajeno a este cambio. El enfoque, netamente procedimental, y referido a registros y documentos, adoptado por leyes anteriores se ha visto superado en el transcurso de más de veinte años por un nuevo paradigma: la sociedad como coproductora de conocimiento y de polÃticas públicas, generadora de valor público y legitimada plenamente para acceder, sin más restricciones que las estrictamente necesarias, al conjunto de datos que crea, maneja y gestiona el conjunto de las administraciones públicas y su sector instrumental. Se abandona asà un sentido patrimonialista del derecho a la información que es sustituido por una comprensión necesariamente proactiva: la ciudadanÃa como sujeto de la acción pública, y no sólo el Gobierno y sus administraciones.
Los ejes sobre los que bascula esta nueva polÃtica son los de la transparencia informativa, la promoción de la reutilización de datos públicos, la implantación efectiva de códigos de buen gobierno y buenas prácticas, y la participación proactiva de la ciudadanÃa en los procesos de toma de decisión sobre polÃticas pública.
Hagamos un ejercicio práctico, pensemos por favor, realmente ¿es cierto todo lo anterior, se lleva al práctica después de 4 años en vigor? Nuestras administraciones ¿lo llevan a cabo? Y nuestros polÃticos ¿son transparentes? Y ¿nuestros partidos polÃticos…? Obremos pues, en consecuencia con nuestra reflexión, que queda muy poco para que ejerzamos nuestro derecho de quitar y poner al que lo hace mal.
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