Fuentes próximas a la investigación han informado a EFE de que los agentes han acudido a la sede del PSOE y a las instalaciones de ADIF y de la Dirección General de Carreteras para requerir la información que les ha solicitado el juez del Alto Tribunal Leopoldo Puente.
El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha ordenado a la UCO investigar las cuentas, inmuebles y el correo corporativo del exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán, a quien cita el próximo 30 de junio, para que declare ya en calidad de investigado.
El abogado del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán había pedido al magistrado que suspendiera su declaración del próximo miércoles y le citara para otra nueva fecha en julio.
En un escrito, al que ha tenido acceso EFE, el letrado alegaba que esta solicitud «se halla justificada ante el volumen y complejidad de la causa, la diversidad de hechos que se imputan, la pluralidad de delitos y de intervinientes así como la relevancia pública y social del asunto».
«Tan convencida se encuentra esta parte de esta petición que en el caso que fuera denegada, ya anticipamos que conllevaría la decisión de acogernos al derecho a no declarar en la cita del día 25 de junio y simultáneamente volver a solicitar una nueva declaración para la semana o semanas siguientes», añade el letrado, que precisa que el 3 de julio no podría por tener una vista en Barcelona.
Salellas enmarca su petición en el Convenio Europeo de Derechos Humanos que proclama el derecho de cualquier investigado a «disponer del tiempo y facilidades adecuadas para la preparación de la defensa» al entender «que en este momento no dispone de tiempo suficiente para la obtención del expediente, el estudio de la causa y la preparación de la estrategia de defensa».
Por otra parte, el abogado ha pedido al juez que «a fin de poder preparar debidamente la declaración del investigado» solicite a la UCO que remita una escritura de 2016, hallada en el registro efectuado al empresario Antxon Alonso, en la que Cerdán adquiría casi la mitad de participaciones de una empresa señalada en su último informe sobre presuntas irregularidades en adjudicaciones públicas.
Se trata de Servinabar 2000, administrada por Antxon Alonso, de quien la UCO sospecha que podría haber abonado «contraprestaciones» a Ábalos y Koldo, y a quien este último implicó, a su vez, en pagos a Santos Cerdán.
En esta escritura, fechada el 1 de junio de 2016, Alonso transfería a Santos Cerdán 1.350 de las 3.000 participaciones sociales de Servinabar 2000, que aparece en el último informe de la UCO como la «vía de canalización de los beneficios y como escalón intermedio que permitiese desvincular a Koldo de Acciona».
