Fachada de un ayuntamiento.La crisis de 2008 produjo un colapso en el pago a proveedores de las administraciones públicas, con gobiernos autonómicos y locales que acumulaban deuda entre 1 y 2 años, incluso más. Para atajar esta ruina que infligían a sus proveedores, la mayoría en el caso de los Ayuntamientos de sus propios municipios, los políticos aprobaron una ley que obligaba el pago a 30 días a partir de registrar la factura por un nuevo sistema, electrónico, conocido como FACe, se suponía que para hacer posible cumplir con dicha norma.
La realidad actual es que muchas de esas administraciones siguen arrastrando el pago a sus proveedores hasta 6 meses y que tampoco pagan los intereses de demora salvo que se le reclame. Ejemplos hay en toda España y todas las Comunidades Autónomas.
Ahora, con la crisis sin precedentes provocada por el coronavirus, la gravedad de los retrasos puede hacer que muchas de las empresas que prestan servicios a administraciones públicas vuelvan a caer por culpa de la negligente gestión en los departamentos de Intervención y Tesorería.
Las administraciones deberían aprobar en plenos extraordinarios el pago automático de todas las facturas de sus proveedores para aliviar en parte la catástrofe económica que se avecina. Esta medida no salvará a todas las empresas y autónomos, pero paliará en parte el desastre.
