La portavoz de Justicia del GPP, María José Ferrer San-SegundoLes Corts Valencianes han aprobado hoy en la comisión de Economía y Presupuestos una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular en la que se insta al Consell la reducción de los puestos de libre designación.
Así lo ha explicado la portavoz de Justicia del GPP, María José Ferrer San-Segundo, quien ha señalado que esta enmienda "era necesaria después de ver cómo en año y medio el Consell del Botànic ha hecho todo lo contrario de lo que predicaba respecto a este tipo de puestos. Ahora falta que el Consell cumpla esta enmienda aprobada en Les Corts, algo que está por ver porque no sería la primera vez que Puig y Oltra incumplen una resolución aprobada en el Parlamento Valenciano".
Ferrer San-Segundo ha explicado que el 90% de las enmiendas presentadas en la Sección de Justicia y Función Pública corresponden al GPP y estaban centradas en infraestructuras, modernización, turno, mediación, atención a las víctimas del delito y función pública. "El GPP ha logrado, en transacción con Podemos, un incremento de 1 millón de euros en los Presupuestos para el servicio de Abogados y Procuradores en Justicia Gratuita. También se ha aprobado otra enmienda del GPP que insta a eliminar las barreras arquitectónicas en sedes judiciales", ha manifestado.
Además, la diputada ha desvelado que, según propia contestación de la Consellería -fechada el 11 noviembre 2016- a una pregunta escrita formulada por el GPP, "de los más de 8 millones de euros previstos en el presupuesto de 2016 para reforma en sedes judiciales, sólo se han adjudicado efectivamente 1,3 millones euros". La diputada ha lamentado el rechazo a 100 enmiendas "que buscaban, de forma constructiva, la mejora de la Justicia, en algunos casos similares a las que los grupos que ahora sustentan al Gobierno exigían cuando estaban en la oposición". Así, ha denunciado que el Consell es, en España, "el último de la fila en cuestiones como modernización tecnológica de la Justicia".
Asimismo, ha lamentado que no se haya aceptado la enmienda que, solicitando incluir la mediación en la justicia Gratuita, pedía dotarla en la práctica con 1 millón de euros, porque "hay que pasar del relato a la realidad". "Y la realidad es que centros como el CMICAV, con 600 mediadores inscritos y 30 puntos deslocalizados de atención presencial, además de la virtual, atienden más de 1.000 casos al año solo en intermediación hipotecaria, sin contar los de familia, civiles, mercantiles, ciudadanos y penales", ha añadido. "No se puede decir a la gente que recurra a la mediación como medio alternativo a los tribunales para resolver conflictos y luego no incluir en la Asistencia Jurídica Gratuita como se hace con los procesos judiciales", ha afirmado Ferrer San-segundo.
Sí se ha aceptado una enmienda del GPP que busca garantizar la separación víctima-agresor en las sedes judiciales. "En una respuesta escrita del pasado noviembre la propia Consellera ha reconocido haberse producido este mismo año en la Comunitat Valenciana la citación simultánea de víctima y agresor con orden de alejamiento, algo que no puede volver a ocurrir. La Conselleria de Justicia ha de garantizar que no se va a producir ni un caso más. Porque no es coincidencia: es fallo del sistema", ha concluido.
