Los Ayuntamientos son la gran brecha de riesgo de la corrupción

El día 26 de mayo estamos llamados a las urnas para renovar, o no, nuestros votos dados en las anteriores elecciones municipales del 2015. En aquellas elecciones solo se hablaba de transparencia en las administraciones, los partidos políticos se afanaban en conseguir un 10 en el índice de transparencia de la prestigiosa organización Transparencia Internacional. Parecía que el mensaje había calado, pues bien, nada más lejos de la realidad.

Transparencia internacional dejo de hacer los estudios, porque vio que su índice era utilizado por los partidos políticos como herramienta de márquetin, para después no hacer nada de nada de lo comprometido en el índice, es decir, engañarnos a todos, poco han cambiado, o más bien nada. Todos los partidos políticos incumplen sistemáticamente la ley de transparencia y la ley de partidos políticos, ¡¡todos ¡¡ y aquí no pasa nada, ahora bien, incumplamos nosotros alguna ley y verán lo que nos pasa.

¿En qué estado nos encontramos hoy, al respecto de la lucha contra la corrupción en la administración local? pues igual que hace 4 años, exactamente igual nada ha cambiado, la brecha de riesgo sigue siendo la contratación pública y dentro de la misma, la contratación en los ayuntamientos. Parecía que la nueva ley de contratación pública electrónica cerraría la brecha, pues tampoco, en definitiva, un desastre, un quiero y no puedo, o más bien, un puedo y no quiero, cambiar nada.

En la actualidad, es difícil localizar una comunidad autónoma donde no haya consistorios afectados por contratos públicos sin control y que acaban beneficiando a los propios concejales y personas allegadas. Si a esto se le suma la libertad de los alcaldes a la hora de fijar su propio sueldo, da la impresión de que los ayuntamientos son terrenos abonados para este tipo de prácticas. Existen varias técnicas de burlar la ley para conceder contratos municipales de forma discrecional, y, por tanto, sin control y en una zona que puede constituir corrupción.

Por ejemplo, los contratos públicos por pagos inferiores a una cantidad específica (15.000€), marcada por ley, a veces se repiten en varias partidas y con el mismo beneficiario, de manera que la suma total excede la cantidad permitida, pero dentro de cada plazo y cada factura, se cumple con lo establecido.

Los contratos más habituales usados para burlar la legislación son: agua, recogida de basura, alcantarillado, transporte público, servicios profesionales, uniformes de la policía local, regulación semáforos, etc...

Pero, sobre todo en la creación de las empresas públicas, ideadas por los consistorios con fines productivos y de bien social, pero al final, más bien, sus fines son otros, como la colocación de amiguetes y personal del partido político y saltarse los "pocos controles" que existen en la administración, ya que estas empresas no están sujetas a ellos, como los casos IMELSA, DIVALTERRA, EMARSA …etc.

No veo a ningún partido político aportando soluciones concretas, para parar esta sangría, que no cesa, más allá de fotografiarse con una silla transparente, por cierto, patética imagen de un partido que tiene a todos sus concejales imputados/Investigados por alguna causa delictiva y relacionada con la corrupción pública, esperábamos algo más, mucho más, y si, hablo del partido popular en la ciudad de valencia.