Manifestación en apoyo de las juzgadas. -EPDA
Así lo ha señalado este miércoles la abogada de Alerta Solidària Maria Josep Martínez tras el juicio a una de esas feministas, que fue identificada por agentes policiales durante un piquete informativo del 8M y a la que se acusa de ocupar las vías del tranvía y causar con ello desorden público.
Martínez ha explicado que el único fundamento para la sanción es la denuncia de los agentes y la posterior ratificación de estos, en la que además hay "contradicciones graves", pues en la primera hablan de las vías del metro y en la segunda de las vías del tranvía, cuando "es obvio que no es lo mismo" y "deja en evidencia la veracidad de los hechos".
Ha indicado que tampoco se explica en la denuncia "qué tipo de desorden" generaron, ni durante cuánto tiempo, ni qué peligro se causó para personas o bienes o qué alteración de la seguridad ciudadana se produjo, sino que los agentes "se limitan a decir que ocuparon las vías", y según ese argumento la Delegación del Gobierno impuso una sanción que ratificó el Ministerio del Interior.
La abogada ha indicado que en un procedimiento administrativo hay presunción de inocencia y corresponde a la Administración probar que se produjo una alteración del orden público, pero aquí "solo se aporta" el acta de denuncia y la ratificación, sin por ejemplo un informe de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) que acredite una interrupción del servicio.
Martínez ha insistido en que una alteración del orden es "alterar la normalidad, pero es que en una jornada de huelga general la normalidad no es la misma que cualquier día", y ha admitido que "un piquete de 60 personas por la calle puede generar alguna molestia", si bien "eso entra dentro de la normalidad" de una jornada como esa.
"Aquí se está sancionando a un piquete informativo en la huelga feminista, que va por la calle explicando los motivos de la huelga y que en un momento dado cruza la calle y la Policía las para y las identifica", ha lamentado la abogada, quien considera que, al final, "se está limitando el derecho de huelga, de reunión y de manifestación, y la libertad de expresión".
Ha insistido en que "no ocurrió nada", pero la ley de Seguridad ciudadana, en su opinión, "viene a limitar la protesta y los derechos fundamentales" y "aquí cada vez se puede hacer menos".
