En la imagen, los dos acusados (sentado, el expresidente, y de pie, el extesorero). EFE-Raúl NavarroLos dos hombres juzgados por la Audiencia de Alicante por las presuntas anomalías en la dirección de la asociación que gestionaba un asilo del municipio de Aspe han negado este lunes en el juicio que se apropiasen de dinero de la entidad o que se aprovechasen de los internos para lograr un beneficio personal, y han asegurado que, en realidad, la residencia nunca contó con un sistema de contabilidad.
"No me he llevado ni un centimillo", ha declarado el primero de los encausados en prestar declaración ante el tribunal, que ejercía el cargo de tesorero de la entidad.
"Para nada utilicé dinero de la residencia en mi beneficio", ha asegurado el segundo de los procesados, que ostentaba el cargo de presidente.
La Fiscalía les atribuye a ambos la comisión de los delitos continuados de administración desleal, apropiación indebida y estafa por generar un agujero económico con su gestión presuntamente delictiva en este centro próxima a los 2.150.000 euros entre 2006 y 2011.
La acusación pública solicita penas que suman 13 años de cárcel para el presidente y otros ocho en el caso del tesorero.
Sus respectivas defensas, por su parte, plantean su libre absolución tras descartar la comisión de los delitos apuntados, en sintonía con las posiciones defendidas por los dos procesados, quienes han negado responsabilidades penales al ser cuestionados por el presidente del tribunal durante el inicio de la vista.
Tanto el tesorero como el presidente de la asociación gestora de la residencia han explicado que llegaron a ocupar sus responsabilidades en la junta directiva a partir de 1995 y que mantuvieron los mismos procedimientos que venían aplicando las monjas carmelitas durante el tiempo en el que habían estado a cargo del centro con anterioridad.
Han asegurado que en la gestión del asilo nunca había existido una contabilidad como tal y que solo se aportaba la documentación requerida por la Conselleria para seguir optando a sus subvenciones, sin que nadie pusiese objeciones.
Ambos han explicado que se trabajaba con una caja en la que se aportaban fondos procedentes de donativos o de las aportaciones de los internos, con una media mensual de 300 euros, para poder abonar los gastos de funcionamiento: desde el pago a proveedores hasta las nóminas de los trabajadores.
Han apuntado que se reconstruyó una contabilidad correspondiente a los ejercicios de 2009, 2010 y 2011 -los tres ejercicios exigidos por la legislación- cuando, en 2012, el ayuntamiento conminó a promover la declaración de la asociación en concurso de acreedores al no poder asumir las deudas contraídas. Entre ellas, las generadas con motivo de la ampliación y reforma de la propia residencia ejecutada entre 2000 y 2005, con un coste de más de 3,7 millones de euros.
Los dos encausados han incidido en que ellos asumieron la gestión de la entidad sin obtener ningún beneficio, aunque han reconocido que no era normal que no se llevase un control exhaustivo de la contabilidad y que simplemente siguieron manteniendo el sistema que venía aplicándose desde el principio, incluso después de que, en 2003, se produjese la marcha de las monjas carmelitas.
El juicio prosigue este martes con las declaraciones de testigos y su desarrollo está previsto en varias sesiones a lo largo de toda la semana.
