Usuarios de la Residencia Casa Retiro El Salvador, en Torrent (Valencia) esperan para ponerse una dosis de la vacuna contra el covid, en una imagen de archivo.-EFELa resolución de la consellera de Sanidad, Ana Barceló, recoge la exigencia de presentación de estos documentos a las personas que accedan a las residencias del sistema público o privado de servicios sociales en el ámbito de la Comunitat Valenciana como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la covid-19.
El documento señala que se considera conveniente mantener dicha medida mientras no haya un descenso del nivel de transmisión comunitaria que permita su relajación definitiva.
El pasado 21 de febrero se acordaron nuevas medidas en la Comunitat Valenciana, entre ellas la del final de la presentación del pasaporte covid, excepto para el acceso al interior de los establecimientos residenciales, que mantenía su vigencia hasta este lunes, 28 de febrero, inclusive.
Esta excepción se adoptaba sobre la base del informe epidemiológico de la Subdirección General de Epidemiología, Vigilancia de la Salud y Sanidad Ambiental, de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones.
Este informe justificaba esta medida por cuanto la mortalidad todavía presenta una tendencia creciente y las defunciones se centran en la población mayor.
Según indica la resolución, se considera conveniente mantener dicha medida "mientras no haya un descenso del nivel de transmisión comunitaria que permita su relajación definitiva".
Esta nueva resolución responde al objetivo de minimizar el riesgo de contagio y transmisión de la infección en los centros donde residen las personas más vulnerables y donde se ha constatado que la pandemia ha incidido de forma más contundente.
Según indica, las personas que están falleciendo ahora son las de mayor edad y con patologías previas, presentando una mortalidad del 30 % cuando llegan pacientes críticos de extrema gravedad
La finalidad es favorecer espacios seguros y asegurar la protección del grupo de población más vulnerable a la infección por covid-19, minimizando la expansión de la infección en ese entorno residencial de personas mayores y de personas con discapacidad.
La resolución indica que es una medida que respeta el derecho a la igualdad, respeta las políticas de privacidad y de protección de datos, así como el derecho a la libre circulación.
También indica que "no se produce ninguna discriminación ya que se plantea una triple modalidad de acreditación del «pasaporte covid», que es asequible a todos".
"Quien no quiera enseñar o mostrar si se ha vacunado o no, teniendo en cuenta su carácter voluntario, puede presentar el resultado de la prueba PDIA o el test de antígenos, y evidentemente el certificado de recuperación de la covid-19 si ha pasado la infección", señala la resolución, que afirma que tampoco atenta contra el derecho a la protección de datos ni vulnera el derecho a la intimidad.
El texto, asimismo, indica que la medida puede ser modificada o dejada sin efecto en función de la evolución de la situación epidemiológica.
En relación a su vigencia, señala que la resolución, una vez autorizada por los órganos judiciales competentes, producirá efectos desde el mismo día de su publicación en el DOGV hasta las 23.59 horas del día 16 de marzo de 2022.
