La Generalitat ha puesto en marcha un paquete de más de
421 millones de euros para proteger a familias, autónomos y empresas
de la Comunitat Valenciana ante el impacto económico derivado de la
Guerra de Irán.
La medida ha sido anunciada por el president Juanfran Pérez Llorca tras la reunión de la Mesa de Diálogo Social, en la que han participado representantes de la patronal CEV y de los sindicatos CCOO-PV y UGT-PV.
El plan se articula en un total de
27 medidas
que combinan ayudas directas, rebajas fiscales, préstamos bonificados y deducciones del IRPF, con el objetivo de dar una respuesta integral a la incertidumbre económica y sostener tanto a los hogares como al tejido productivo valenciano.
Un plan "vivo" que se adaptará a la evolución de la crisis
Desde el Consell se ha definido este paquete como un
"documento vivo y abierto"
, que se irá revisando y ajustando en función de la evolución del conflicto a través de una comisión de seguimiento con participación del Gobierno valenciano y los agentes sociales.
En total, la movilización asciende a 421,26 millones de euros, distribuidos entre 137,96 millones en ayudas directas e indirectas, 153,3 millones en rebajas fiscales, 130 millones en préstamos bonificados y 97,2 millones en deducciones del IRPF. La Generalitat subraya que el esfuerzo se realiza con recursos propios, lo que situaría a la Comunitat Valenciana entre las autonomías que más fondos movilizan frente a la crisis, pese a su infrafinanciación.
Ayudas para hipotecas, vivienda y familias vulnerables
Entre las medidas más destacadas figura una ayuda específica para aliviar el impacto de la
subida de los tipos de interés hipotecarios
, que cubrirá el incremento del Euríbor durante tres meses en préstamos de hasta 200.000 euros destinados a vivienda habitual, con límites de renta. Esta medida tendrá un coste estimado de 10 millones de euros y beneficiará a hogares con ingresos medios.
El paquete incluye también
15 millones de euros en ayudas extraordinarias al alquiler
, así como una revisión al alza de los módulos de vivienda pública para facilitar su construcción. En el ámbito social, se refuerzan las ayudas a familias acogedoras y las transferencias a los ayuntamientos para la atención social, con una dotación de 11,8 millones de euros.
El
transporte público mantendrá la congelación de tarifas
, mientras que se impulsará la renovación de flotas de transporte por carretera con una inversión de 27 millones de euros. Además, se activan ayudas específicas para autónomos por valor de 4 millones de euros, destinadas a compensar el aumento de costes energéticos.
El
tejido empresarial contará con una línea de financiación bonificada de 100 millones
de euros a través del Institut Valencià de Finances (IVF), junto a programas de impulso a la internacionalización y la competitividad por valor de 54,66 millones. El sector primario dispondrá también de una línea específica de 30 millones de euros para empresas agrícolas, ganaderas, pesqueras y agroalimentarias.
Finalmente, el Consell incorpora medidas para
mejorar la eficiencia energética
, reforzar el apoyo a los municipios y agilizar proyectos estratégicos, en un plan que busca proteger el empleo, sostener la actividad económica y dar estabilidad social en un contexto internacional de incertidumbre.