Puig defiende una Administración 'cooperadora' que agilice los trámites para incentivar la actividad económica

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha defendido el paso de "una Administración disciplinaria a una Administración cooperadora, al servicio del interés general", en la que los trámites administrativos "no generen un desincentivo a la actividad económica".

Puig ha presentado, junto a la consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, una propuesta para simplificar las gestiones de las empresas ante la Administración autonómica.

"En estos momentos hay una gran competencia de destinos en cuanto a la inversión", ha afirmado el president, que ha añadido que la Comunitat Valenciana pretende ser "un destino fácil, no solo para las grandes empresas sino también para las pymes y para los emprendedores".

El jefe del Consell ha anunciado que, para dar respuesta a las reivindicaciones del mundo de la empresa, la Generalitat va a firmar un convenio con la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana. Así, los empresarios tendrán "capacidad de queja, de iniciativa, de sugerencia, para intentar desde la corresponsabilidad conseguir el gran objetivo que es generar un espacio de confianza, de credibilidad de nuestro espacio económico", según Puig.


Por otra parte, Bravo ha explicado que, en una primera fase, la simplificación de trámites para la actividad económica se centrará en los expedientes administrativos que afectan a las áreas de agricultura y medio ambiente, infraestructuras y turismo.

"Este plan de actuación es un plan muy concreto, lo primero que vamos a hacer es diagnosticar dónde están los problemas", ha destacado la consellera. El plan consta de iniciativas para conocer el volumen y estado de los expedientes en curso, para analizar las causas de los retrasos en su gestión, para proponer mejoras y para reducir la normativa aplicable.

Además, Bravo ha señalado que su Conselleria mantendrá reuniones entre otros con la presidenta del Tribunal Superior de la Comunitat para promover los arbitrajes en los procesos judiciales que afecten a la circulación de crédito, "donde es necesario que los procedimientos se resuelvan con mayor prontitud", ha apuntado la titular autonómica de Justicia, para contribuir a la activación de la economía.