Jordi Pujol. - EPDALa decisión de que Jordi Pujol no llegue a sentarse en el banquillo a sus 95 años cierra en falso uno de los episodios más simbólicos de la polÃtica española reciente. No hay sentencia, no hay juicio, no hay ese momento en el que un paÃs mira de frente a uno de sus dirigentes históricos. Y eso, más allá de lo jurÃdico, deja una huella polÃtica y moral difÃcil de borrar.
Durante décadas, Pujol fue mucho más que un presidente autonómico. Fue un actor clave en la gobernabilidad de España, un aliado imprescindible tanto para Felipe González como para José MarÃa Aznar. Su capacidad de influencia era enorme, casi incontestable. Precisamente por eso, el contraste con el final de su trayectoria resulta tan incómodo: un largo proceso judicial que, tras años de recorrido, se disuelve sin juicio.
El caso de su familia, marcado por investigaciones sobre patrimonio y presuntas irregularidades, ha sido durante años un sÃmbolo de aquello que muchos ciudadanos perciben como una doble vara de medir. Mientras se exigÃan sacrificios y se alimentaban discursos polÃticos de agravio -¡España nos roba!-, la realidad que iba emergiendo dibujaba una imagen muy distinta en el ámbito privado.
No se trata solo de señalar a una figura concreta, sino de lo que representa. Cuando alguien que concentró tanto poder polÃtico y capacidad de negociación acaba sin rendir cuentas en un tribunal, la sensación de impunidad se instala con facilidad. Y esa sensación es corrosiva.
Porque al final, lo que queda es la duda: ¿habrÃa ocurrido lo mismo con otro perfil, sin ese peso histórico ni esas conexiones? Es ahà donde muchos ciudadanos concluyen que el sistema no siempre responde con la misma firmeza. Y cuando esa percepción se extiende, la confianza en las instituciones se resiente. Usted deba un euro a Hacienda, pruebe y verá qué le pasa.
La justicia puede tener sus tiempos y sus lÃmites. Pero la igualdad ante la ley no deberÃa parecer nunca negociable. No. En España no todos somos iguales.
