El Presidente de la Diputación de Valencia durante el pleno celebrado este martes. Foto: AbulailaEl presidente de la Diputación, Alfonso Rus, ha informado esta mañana al pleno que se ha puesto en contacto con la consellera de Servicios Sociales, Asunción Zapalana, para pedirle que negocie con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. (Cermi) y que rebaje todo lo que pueda las pautas del copago de los discapacitados y dependientes.
Rus ha dado cuenta de su iniciativa ante la proposición del PSOE de que el pleno provincial pida a la Generalitat Valenciana que derogue la medida.
El presidente de la corporación provincial también ha insistido en que no se puede consentir en una sociedad moderna e igualitaria, que una persona sin recursos tuviera que pagar y que alguien que recibe mayores pensiones no pague por los mismos servicios y ha fijado como ejemplo a seguir la política que se está siguiendo en los centros dependientes de la Diputación de Valencia.
Ante la proposición del grupo socialista de que se derogase el nuevo reglamento de la Generalitat Valenciana que regula el copago de los centros para personas discapacitadas y dependientes que acuden a centros ocupacionales, residencias, centros de día, etc. el grupo popular ha votado en contra porque "era necesario regular lo que pagan los discapacitados y los dependientes y ser justos y equitativos para que ninguna persona percibiera más en detrimento de otra" ha explicado Amparo Mora, y porque se está negociando en este momento.
En este sentido la diputada ha pedido al diputado socialista, Emili Gregori, que "no se cree alarma social diciendo que se vana cerrar centros o que no van a tener acceso a estos servicios sociales porque no es verdad".
En esta línea, Mora ha explicado que el reglamento actual se puede mejorar, como todo, pero que el Cermi y la Consellería van a llegar a un acuerdo, porque se han creado mesas de trabajo para estudiar caso por caso y que nadie se quede sin la atención necesaria.
La diputada de Bienestar Social y Sanidad también ha transmitido a los miembros de la corporación que lleva días hablando con la consellería y dispone de todos los datos por lo que puede afirmar que "son un porcentaje muy bajo las personas que van a tener que abonar una cantidad por la prestación de esos servicios".
Gregori ha explicado que su proposición va dirigida a defender los derechos de los más de 400.000 discapacitados de la Comunitat Valenciana, ya que a su juicio el nuevo copago genera un empobrecimiento de las personas con disparidad y puede provocar el cierre de centros y, por tanto, los puestos de trabajo y amenaza, así mismo, las sostenibilidad del sistema de servicios sociales en el que las familias afectadas ya colaboran con un porcentaje menor que el que ahora han de aportar.
