La secretària autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari
Públic, Dolores Salas, ha mantenido a lo largo del día de hoy sendas
reuniones con diversos colectivos del ámbito sanitario con el objeto de
analizar las posibles consecuencias de la aplicación del Real Decreto
954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y
autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de
uso humano por parte de los enfermeros.
Acompañada del
Director General de Recursos Humanos y Económicos, Justo Herrera y del
Director General de Asistencia Sanitaria, Rafael Sotoca, Salas se ha
reunido primero con los representantes de los sindicatos CEMSATSE (Mar
Ríos, María Luz Gascó), UGT (Ángel Gracia y Desiderio Rodrigo), CCOO
(Francisco Martínez), CSIF (Dolly Prunes) y SIMAP-Intersindical (Rafael
Reig, Joaquín Michavila, Paco Sánchez y Mariem Vilanova).
Por
la tarde han mantenido otro encuentro con Mercedes Hurtado, Presidenta
del Colegio de Médicos de Valencia, José Pastor Rosado, presidente del
Colegio de Médicos de Alicante, Jose Antonio Ávila, presidente de
CECOVA, Mª José Lloria, directora de atención primaria del Departamento
de salud La Fe, Javier Sorribes, vicepresidente de la Sociedad
Valenciana de Medicina Familiar y Vicente Gasull, de SEMERGEN.
Ambos
encuentros se enmarcan en la ronda de contactos que la Conselleria de
Sanitat Universal i Salut Pública está manteniendo a lo largo de la
semana con profesionales de la enfermería, sindicatos y colectivos
médicos para recoger su opinión sobre esta cuestión. En todos estos
encuentros la secretària autonòmica ha trasladado que la preocupación
principal de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública es
velar por el cuidado del paciente y garantizar que se aseguren las
mejores condiciones asistenciales. Además, la admnistración sanitaria
pondrá en marcha medidas que respalden la actividad de los y las
profesionales de la enfermería.
Los representantes de la
conselleria han mostrado su malestar por el procedimiento seguido por el
Ministerio, al no haber contado con las comunidades autónomas para el
desarrollo de este decreto, que han de aplicar las distintas
administraciones.