El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Manuel Baeza. EFE-Biel AliñoEl presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Manuel Baeza, ha anunciado que los refuerzos transversales para los partidos judiciales de Torrent, Requena y Catarroja, los más afectados por la dana del 29 de octubre, se han prorrogado hasta finales de año.
Con ello "estamos completamente cubiertos hasta finales de año", ha señalado Baeza en declaraciones a los periodistas durante la presentación de la Memoria Judicial de la Comunitat Valenciana de 2024, y si fuera necesario confía en que haya "sucesivas prórrogas".
Respecto a la petición de la junta de jueces del partido judicial de Catarroja, que ha solicitado que el juzgado de Instrucción número 3 -dedicado a la causa penal sobre la gestión de la dana- continúe en la Ciudad de la Justicia de València, ha indicado que pasará este miércoles a la Sala de Gobierno del TSJCV y se elevará al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que tendrá que ver si hay "razones objetivas" para su permanencia en la capital valenciana.
Baeza ha señalado al respecto que se tendrá que analizar si la jueza dispondría de suficientes medios en la sede original del juzgado en Catarroja para atender esta macrocausa, ante la inminente finalización de las obras de restauración tras las inundaciones, y ver si "realmente allí no se tienen medios", aunque ha incidido en que la decisión es del CGPJ.
Según el presidente del TSJCV, el citado juzgado de Catarroja dispone actualmente "de todos los medios necesarios" para llevar a cabo la instrucción sobre la gestión de la catástrofe, en la que fallecieron 228 personas, y se le han dado "todas las facilidades" para su trabajo en una causa tan compleja, para el que se le ha cedido la sala Tirant, la más grande del complejo de la capital.
Preguntado también sobre la queja presentada por la defensa de la exconsellera Salomé Pradas ante el CGPJ sobre la instrucción de la jueza, Baeza ha señalado que los jueces son "totalmente independientes en su función jurisdiccional".
"Si la jueza, por ese tipo de escrito o por otro tipo de circunstancia, se sintiera amenazada o coaccionada en su independencia existen cauces" como el amparo, ha recordado.
En relación al cuestionamiento que algunas de las acusaciones han hecho sobre el número total de víctimas de la dana, ha señalado que "hay un procedimiento judicial que se está siguiendo específicamente en el que hay mucha agilidad y mucha actuación" y ha dicho confiar en que la instrucción que se está realizando "corresponde con la realidad", para añadir: "No me imagino que no que pueda ser de otra manera".
"Los órganos jurisdiccionales actúan con plena independencia y no tienen interés en ocultar o desocultar ningún tipo de cosas. Los órganos judiciales están para eso y yo creo que es lo que se está haciendo", ha afirmado.
Baeza ha destacado que la Memoria Judicial de la Comunitat de 2024 ha estado marcada por la dana y ha destacado que la Administración de Justicia supo responder a la emergencia derivada de la dana "con inmediatez y responsabilidad", tanto en el plano jurisdiccional como en el gubernativo, y estuvo "a la altura" de las circunstancias.
Ahora bien, ha abogado por "mejorar y actualizar" los protocolos de actuación en el ámbito judicial para gestionar estas situaciones, y ha anunciado que ha impulsado para ello la constitución de un grupo de trabajo en la Sala de Gobierno del Tribunal Superior.
Por otro lado, ha aludido a otro "impresionante desafío" que afronta la Justicia en 2025: la implantación de los denominados Tribunales de Instancia previstos en la Ley Orgánica 1/2025, una norma, ha afirmado, que supone "un cambio de paradigma" en la organización de los tribunales y cuyos efectos tendrán que analizar "en su momento".
Ha repasado también los datos y el incremento del volumen de la carga de trabajo registrado en los juzgados valencianos durante 2024, con 831.849 nuevos asuntos, un 10,2 % más que en 2023, por lo que ha reclamado la necesidad de acometer "reformas estructurales" como la nueva ley, acompañadas de una dotación presupuestaria suficiente.
En cuanto a la dotación de nuevos medios personales, Baeza ha reclamado la creación de nuevas plazas judiciales en la Comunitat, que los diferentes responsables gubernativos cifran en 141 en la memoria judicial.
"Especialmente llamativa y alarmante es la situación que atraviesan la jurisdicción Civil y la Social", ha señalado, con un incremento de carga de trabajo de más de un 15 y de un 17 %, respectivamente.
