Sobre el derribo de Agrónomos

Si algo nos ha enseñado la política estos últimos meses es que la crisis sanitaria va camino de convertirse en el aliado político perfecto a la hora de disculpar ante la opinión pública decisiones cuya adopción resultaría inasumible en circunstancias menos adversas. Unas veces como catalizador y otras como freno de mano, la pandemia ha demostrado ser, dialécticamente hablando, un básico fundamental en el fondo de armario de todo político con responsabilidades de gobierno, idóneo para todas las ocasiones. Lo mismo en la Generalitat que en el Ayuntamiento de Valencia, muchos gobernantes no han dudado en hacer uso, cuando no directamente abuso, de este socorrido recurso para justificar los retrasos en la ejecución de obras programadas mucho antes de que el Covid irrumpiera con fuerza en nuestras vidas, la gestación precipitada de actuaciones sin el suficiente consenso o la urgencia de otros tantos proyectos cuya materialización se anuncia siempre como próxima, pero que, inexplicablemente, nunca llega.

La Dirección General de Patrimonio no ha sido la excepción a esta tendencia. El mismo órgano que intercediera en el pasado a favor de la conservación de muchos edificios de nuestra ciudad, igualmente amenazados por la piqueta, bendecía el pasado 7 de diciembre, con la firma de su titular, el derribo de las naves traseras de la antigua Escuela de Agrónomos, obra del arquitecto Fernando Moreno Barberá, en colaboración con Borso di Carminati, y una de las muestras más representativas del Movimiento Moderno en Valencia. Y lo hacía apelando precisamente a la situación de emergencia sanitaria en la que nos encontramos. Compartiendo la necesidad de ampliar el Hospital Clínico Universitario, uno de los centros hospitalarios con mayor presión asistencial, la pandemia no debería servir, en modo alguno, como patente de corso para aminorar el legado patrimonial de nuestra ciudad. Presentar como objetivos irreconciliables la promoción de la salud pública y la conservación de nuestro patrimonio no sólo se fundamenta en una disyuntiva falsa, sino que abre una senda peligrosa, desenfocando interesadamente el debate y exonerando de toda culpa a sus máximos responsables.

Una segunda razón venía a justificar lo que hoy muchos consideramos un atentado contra el patrimonio de todos los valencianos: la ausencia de un Plan Especial de Protección en el que se analizarse y concretase la protección de los edificios universitarios de Blasco Ibáñez incluidos en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del Ayuntamiento. Siete años después de adquirir el compromiso de desarrollar el citado Plan, la pasividad de la Universidad de Valencia ha servido de subterfugio legal a nuestras Administraciones a la hora de autorizar el derribo, ya consumado, de los pabellones auxiliares de Agrónomos, sin la seguridad jurídica sobre el valor patrimonial de los mismos. Lejos de las cautelas que se presuponen al órgano llamado a velar por la conservación de nuestro patrimonio, como hemos denunciado desde el Grupo Municipal Popular, omitía tanto realizar, a falta del citado Plan Especial de Protección, un estudio sobre los valores históricos y arquitectónicos del inmueble con carácter previo a su demolición parcial, como consultar a las principales instituciones consultivas autonómicas en materia de patrimonio cultural. ¿Para qué consultar nada cuando el guión ya está preestablecido…? Pocos días han bastado para reducir los pabellones a escombros.

Desde su adquisición en 2017 por la Conselleria de Sanidad en una operación cuya formalización quedó, por cierto, condicionada por su anterior propietario al respeto a los valores arquitectónicos del edificio, la situación de abandono de la antigua Escuela de Ingenieros Técnicos Agrícolas (EUITA) ha ido en aumento. Lejos de anunciar su pronta recuperación, el derribo de sus naves traseras no ha sido sino el golpe de gracia. Algunos parecen ignorar que la propia Memoria técnica de estas obras consideraba las naves a demoler como parte intrínseca del edificio de la antigua Escuela de Agrónomos, contemporáneas en el tiempo y obra del mismo arquitecto, o que en la ficha correspondiente del Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos del Ayuntamiento de Valencia, pendiente de aprobación desde el año 2015, se establece que todo el conjunto arquitectónico de la antigua EUITA reviste interés patrimonial, "tanto los edificios y sus distintas partes como los espacios que las relacionan y el vallado de la parcela".

Añadiré más, casualidades de la vida, el mismo día en que el Ayuntamiento de Valencia concedía la licencia municipal de derribo, la Comisión Territorial de Urbanismo de la Conselleria de Obras Públicas aprobaba definitivamente la modificación del planeamiento de Tabacalera, igualmente Bien de Relevancia Local, regularizando, de esta manera, la permuta de la antigua fábrica de tabacos. Una ocasión que la responsable de la Delegación de Desarrollo Urbano no dudó en aprovechar para cargar contra el Partido Popular. Quienes hoy ocupan posiciones de gobierno parecen de nuevo olvidar que la misma sentencia que invocan se ha convertido ahora en el espejo de sus incoherencias. Y es que, ante una cuestión de fondo muy similar a la que aquí nos ocupa, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana extendió la protección patrimonial de Tabacalera a todo el complejo arquitectónico, al entender la antigua fábrica de tabacos como "un conjunto integrado no sólo por el edificio principal, sino también por el conjunto de naves que lo perimetran". Sirva de precedente con Agrónomos.