Cuando escuches a algún partido decir
que no habrÃa incrementado la tasa de recogida de residuos urbanos,
conviene matizar: es una afirmación irrealizable. No porque falte
voluntad polÃtica, sino porque
la ley lo hace inevitable
.
En 2022 se aprobó la Ley estatal de
Residuos y Suelos Contaminados, derivada de una directiva europea,
que obliga a todos los Ayuntamientos, como muy tarde en 2025, a
repercutir en la ciudadanÃa el 100% de los costes de la gestión de
residuos: su recogida, transporte y tratamiento. En otras palabras,
lo que cuesta gestionar la basura ya no puede financiarse con fondos
generales, sino que debe cubrirse con la tasa especÃfica.
¿Por qué? No se trata de un castigo
ni de una decisión aislada. La norma fue consensuada a nivel europeo
con un objetivo claro: concienciar a la ciudadanÃa sobre los costes
económicos y medioambientales de generar residuos sin control. La
filosofÃa de la tasa no es recaudar por recaudar, sino promover una
reflexión colectiva sobre cómo reducir los residuos y, con ello, el
impacto en el planeta y en las arcas municipales.
La realidad es que en municipios
gobernados por partidos muy distintos -como Alicante, Castellón,
València, Alzira u Ontinyent- se han aplicado los mismos
incrementos, o incluso superiores. No es cuestión de siglas
polÃticas, sino de cumplir con la legislación y evitar
sanciones millonarias. Dicho de otro modo: todos los ayuntamientos
están obligados, y cualquiera lo habrÃa hecho.
Lo que sà marca la diferencia es
cómo acompaña cada municipio este cambio. En Sagunto, por
primera vez se ha reducido el
IBI al mÃnimo legal (0,4%)
para
aliviar la carga de los vecinos. Además, se han incorporado
reducciones de la tasa ligadas a buenas prácticas ambientales
,
como el uso del ecoparque mediante un sistema de puntos, la recogida
de enseres o la participación en planes de reducción de residuos y
campañas de concienciación.
Gracias a estas medidas, en 2026 la
tasa de basura de una vivienda podrá bajar hasta 67 euros, mientras
que un comercio de 80 m², que en 2024 pagaba 169 euros y en 2026
pagará 185 euros, podrá reducir la cuota hasta 93 euros si cumple
los requisitos ambientales.
El plan incluye también bonificaciones
sociales: exención total para familias en riesgo de exclusión
social, 50% de descuento para hogares de al menos tres miembros
con rentas por debajo del salario mÃnimo y, como novedad, una rebaja
del 95% para empresas de distribución alimentaria y restauración
que colaboren con entidades locales de economÃa social sin ánimo de
lucro.
Gobernar con responsabilidad no
significa evitar las decisiones difÃciles, sino enfrentarlas con
soluciones que alivien su impacto. Y ahà estaremos nosotros.