Un país con memoria

"Se repudia y condena el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura franquista, en afirmación de los principios y valores democráticos y la dignidad de las víctimas. Se declara ilegal el régimen surgido de la contienda militar..." Así comienza el artículo 1.3 de la Ley de Memoria Democrática recién publicada en el BOE y que viene a poner justicia y reparación, por fin, donde siempre debió haberla. Llegamos más de cuatro décadas tarde, tras una transición "modélica" que enterró la memoria de las víctimas de la dictadura junto a los abandonados cuerpos de más 140.000 compatriotas. Llegamos cuatro décadas tarde, pero llegamos.

Esta ley tiene elementos reparadores, elementos que pueden parecen simbólicos pero que tienen una enorme trascendencia porque son necesarios en toda democracia que se precie. Junto a la condena legal e institucional del golpe de Estado y la declaración de ilegalidad del régimen franquista, la ley establece el estatus jurídico de víctima y a su vez "reconoce y declara el carácter ilegal y radicalmente nulo de todas las condenas y sanciones producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra, así como las sufridas por las mismas causas durante la Dictadura".

Esta ley también declara y reconoce lo injusto del exilio de millones de compatriotas y la persecución que sufrieron las lenguas de nuestro país. También reconoce la ilegalidad de los tribunales penales, administrativos y de cualquier tipo que se sustentaban en la persecución penal, civil o administrativa de los adversarios políticos, es decir, eran tribunales que no tenían legitimidad alguna como por fin reconoce nuestra legislación y en los que no se respetaron un mínimo de derechos básicos de la persona, como el derecho a un juicio justo, a un juicio público y a una defensa adecuada. Eran tribunales políticos en los que uno ya entraba con la condena a cuestas sin posibilidad alguna de defenderse.

Y en último lugar, por no extenderme demasiado, quiero referirme a varios puntos importantísimos que vienen de la mano de esta ley: en primer lugar, la supresión de elementos que exalten el golpe de Estado y el régimen franquista así como los títulos nobiliarios concedidos en ese periodo de tiempo y que estén relacionados con la participación en la guerra; en segundo lugar la persecución por la vía administrativa de los actos de exaltación de la guerra y la dictadura; y en tercer lugar, y lo que es más relevante democráticamente, la reparación de las víctimas. El reconocimiento sin reparación es algo vacío de contenido en una democracia plena. Quienes han sufrido persecución por razones políticas (que siempre debieron estar amparados por la libertad ideológica y las libertad políticas), merecen reparación democrática. Las personas torturadas, asesinadas, abandonadas en nuestras cunetas, merecen verdad, justicia, reconocimiento y reparación. Porque es justo y porque nos hace un país mejor.

Hoy, muchas y muchos respiramos un poco mejor en este país. Algunas, pese al hedor de las cloacas que campan en las instituciones, hoy respiramos un poco mejor. El sol brilla algo más vívido, la lluvia es más fresca y los colores parecen más vibrantes. Los corazones de muchas y muchos compatriotas que sufrieron la represión y la violencia del régimen hoy podrán sentir alivio aunque comience la ardua tarea de aplicar esta ley y reconocer, reparar y buscar a las y los represaliados (tareas que la sociedad civil ya ha comenzado sin apoyo público hasta el momento). Hoy, todas aquellas personas que nos sentimos profundamente demócratas, sabemos que vivimos en un país un poquito mejor. ¡Sí se puede!