El jueves se publicó la segunda versión del Plan Especial de Protección de Ciutat Vella (PEP). Los vecinos ya evidenciaron que su redacción inicial dejaba mucho que desear, siendo un importante instrumento urbanístico cuya finalidad es regular aspectos relevantes para proteger el distrito y solucionar el problema concreto que tiene: la turistificación.
Con toda la documentación presentada (memorias, informes, tablas, estadísticas, diagnósticos…) se colige que es acuciante la situación extrema de pérdida de residentes, del pequeño comercio del centro histórico y, por tanto, de su carácter tradicional, gracias a la permisividad de la normativa vigente. El centro se convierte en un parque temático.
La medida estrella del mandato de Sarrià, la moratoria de hoteles, se ha verificado como ineficaz, frívola, inservible, ilusoria y completamente engañosa. Tras su entrada en vigor, lo único que hace es no admitir a trámite nuevas solicitudes, pero se tramitan 70 licencias de hoteles y apartamentos turísticos en fincas enteras. Cada autorización significará una dentellada más y un desgarro más al frágil tejido residencial que, cual encaje de bolillos, se mantiene en los céntricos barrios.
El mismo departamento de Urbanismo que airea el Premio Nacional conseguido con estudios para "mejorar la calidad de vida de las personas", propone un Plan Especial de Directrices de Calidad Urbana. Este alerta de "la excesiva terciarización del ámbito" de Ciutat Vella, "circunstancia excepcional en la ciudad, que unido a la presencia sobrepasando los límites admisibles de viviendas vacías describen un barrio amenazado por la especialización de usos ajenos a los residenciales".
¿Se puede ser más claro?
Diversos colectivos de los barrios céntricos se desviven por hacer visible la gran problemática que están viviendo los vecinos en estos últimos años, consecuencia de las nuevas fórmulas de promoción económica extractiva y devastadora contra la que no había una normativa que las regulase: la proliferación de actividades turísticas en edificios residenciales.
La responsabilidad de esta actividad ilícita no hay que buscarla solamente en los que promovieron y ejercieron esta actividad económica para lucrarse, sino también en los responsables políticos que no supieron, o no quisieron, poner coto a tiempo con una normativa que, aun siendo frágil y poco explícita, existía y era suficiente para limitarla: el PGOU.
El PEP, con todas las alegaciones (muy muy parcialmente) aceptadas, sigue siendo un insulto a la inteligencia de los vecinos de Ciutat Vella que se han implicado con su tiempo y su esfuerzo en participar por mejorarlo. La eliminación de residentes para implantar hoteles sigue vigente, con el beneplácito del propio Ayuntamiento. El tripartito se retrata como dócil y servil ante las ansias del turismo insaciable y voraz que fagocita todo aquello por donde pasa.
Un texto que pretenda solucionar el principal problema de Ciutat Vella debería tratar el distrito como Zona Turísticamente Saturada. Al menos hasta la aprobación de un Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos (PIAT), según la Ley de Turismo. Debería paralizar las 70 licencias turísticas en trámite, congelando de forma provisional la terciarización en la que nos encontramos en Ciutat Vella, caso "excepcional en la ciudad" según los técnicos de Urbanismo.
Un texto que, en palabras del concejal Sarrià, sirve para "revitalizar y mejorar el casco histórico", no debería consentir la destrucción del patrimonio cultural en zonas expecialmente sensibles e importantes históricamente como es el trazado medieval. La trama histórica, declarada BIC, está en peligro de desaparición en dos barrios importantes: Velluters y el Mercat. Parece obvio que el Ayuntamiento prefiere vender el patrimonio histórico de los valencianos a promociones hoteleras en vez de conservarlo como parte de la identidad histórica de la ciudad de València.
No debería permitir de ningún modo que 50 edificios residenciales protegidos se conviertan, junto con sus edificios anexos, en más hoteles en el centro histórico.
Si la pretensión del PEP es revitalizar los barrios, debe llenarlos de vida, y no de turistas.
Si su pretensión es proteger el comercio local, tradicional y de proximidad, debería limitar aquellos perjudiciales en toda Ciutat Vella, y no solo en algunas calles en las que, por cierto, ya no queda comercio tradicional.
Están en juego nuestras vidas, el patrimonio histórico y el futuro de nuestra ciudad. Visibilizar el problema de la transformación social de nuestros barrios es primordial para el modelo de ciudad que defendemos, y el Ayuntamiento en Pleno parece que no ve lo que está pasando.
