Asalto a uno de los bajos que la organización alquilaba para sus fines. -EPDALa Guardia Civil, la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera han liberado a 162 mujeres de origen sudamericano víctimas de una organización criminal que, presuntamente, las explotaba sexualmente en inmuebles que adquirían y convertían en prostíbulos camuflados como locales de masajes.
Durante la operación conjunta han sido detenidas 37 personas (22 en la provincia de Valencia, 4 en Castellón, 3 en Alicante, 4 Málaga y 4 en Murcia), nueve de las cuales han ingresado en prisión provisional, han informado los tres cuerpos.
El entramado criminal se dedicaba a la captación de mujeres tanto en España como en países de Sudamérica, que se encontraban, en la mayoría de los casos, en situación de vulnerabilidad y carentes de permiso de residencia y trabajo, a las que obligaban a ejercer la prostitución en locales repartidos por la geografía española.
La organización adquiría o alquilaba inmuebles directamente o a través de sociedades mercantiles establecidas al efecto que reformaban, en los que las mujeres ejercían.
Eran principalmente viviendas unifamiliares o locales comerciales en los que las víctimas dormían hacinadas en literas o directamente en la misma cama donde atendían a los clientes, que permanecían cerrados y presentaban en muchas ocasiones mala ventilación y condiciones de habitabilidad lamentables.
Las mujeres solo podían salir dos horas al día en horario de mañana, debiendo estar disponibles permanentemente. Los principales investigados controlaban en tiempo real los locales y a las víctimas a través de un sistema de video vigilancia instalado en el interior de todos los inmuebles dedicados a la prostitución.
Cada uno de los inmuebles contaba con encargadas las 24 horas del día, responsables de controlar a las mujeres, cobrar a los clientes y facilitarles las sustancias estupefacientes que las solicitaran, así como de contestar las líneas telefónicas vinculadas a los anuncios de prostitución de las diferentes webs especializadas.
El cincuenta por ciento de cada servicio era para la organización y la otra mitad para las mujeres, si bien éstas podían ser multadas por distintos motivos.
Las víctimas eran trasladadas entre los diferentes locales según la conveniencia de la organización que, además de los inicialmente conocidos en las tres provincias valencianas, había comenzado a expandirse a Cataluña, Murcia y Málaga, donde había abierto nuevos inmuebles convertidos en prostíbulos.
La investigación policial se inició a raíz de la denuncia de tres víctimas que declararon haber sido explotadas sexualmente por varios individuos en diferentes localidades españolas.
Las pesquisas permitieron constatar que la red criminal estaba estructurada en tres niveles, el primero de ellos formado por los líderes, con vínculos familiares y sentimentales entre ellos, que eran propietarios o arrendatarios de los inmuebles, y los que obtenían los mayores beneficios económicos.
El segundo nivel estaba compuesto por personas de confianza encargadas de la supervisión de los locales, recaudación de beneficios y coordinación de encargadas.
Por último, estaban las encargadas que vigilaban a las víctimas, conductores, reformistas de los locales y distribuidores de estupefacientes.
