Adrián NavalónLa política, término aristotélico de origen griego, hunde sus raíces en la ciudad. La ciudad (la polis) era el eje fundamental de los asuntos públicos, el lugar en que se desarrollaba la vida de las personas y en el que éstas compartían sus opiniones y los debates que la construyen. Desde entonces la realidad ha cambiado mucho, tanto que hoy la política se difumina en multitud de instituciones y organizaciones cada vez más grandes, más especializadas y globalizadas. ¿Dónde queda la ciudad entonces? ¿Acaso las ciudades y pueblos no siguen siendo el lugar en el cual desarrollamos la vida, compartimos opiniones y debates, y en el que construimos la realidad?
Los famosos padres de la Constitución (nótese la ausencia de mujeres en esos debates), tuvieron a bien considerar dos entes territoriales básicos e inamovibles en la estructura de nuestro país: el Estado y los municipios. Las autonomías que ahora vertebran nuestro sistema quedaban al libre albedrío de los territorios, es decir, podían crearse o no. Frente a este planteamiento inicial fundamentado en la importancia constitucional e histórica de las ciudades nos encontramos con la realidad actual; son las autonomías las que verdaderamente han adquirido esa importancia. Los municipios han quedado desnudos de competencias, y las que ostentan (muy básicas) las tienen entremezcladas con otras instituciones y, por otro lado, los municipios están desnudos en lo que a ingresos propios y estables se refiere.
Esta desnudez financiera ha llevado a los ayuntamientos a permitir y favorecer las burbujas inmobiliarias (se gesta de nuevo otra en la ciudad de Valencia, por cierto) con el fin de recaudar por las licencias de obra nueva, las plusvalías y demás impuestos asociados. Después, a medio plazo, esos barrios han necesitado de nuevos servicios, (centro de salud, escuelas, alumbrado, parques, jardinería, recogida de residuos) con lo que el inicial aporte de tributos derivados de la edificación luego se convierte en una necesidad ingente de gasto, o en una desprotección del vecindario. Buen ejemplo es el barrio de La Torre y la decidida intervención de Podem en la Generalitat para tratar de dar una buena respuesta urbanística y social a una chapuza urbanística del PP. Urge cambiar los dos aspectos que propician esto: hay que mejorar la financiación propia de los ayuntamientos y abandonar vías cortoplacistas de financiación.
Por otro lado, urge recuperar la soberanía municipal, es decir, la capacidad del vecindario de la ciudad de construir su propia realidad. Ello exige, además de mejor financiación, más herramientas y competencias para ejercer el municipalismo. Pensemos por ejemplo en la lucha contra el cambio climático y las ciudades de bajas emisiones, o en la regeneración de los barrios degradados por el abandono institucional; la mejor respuesta es más municipalismo. La idea de que sean los municipios los que regulen los alquileres que Podemos ha luchado con (o contra) el PSOE o que puedan establecer un IBI superior para las viviendas vacías, son buenos ejemplos de dotar de herramientas para la acción local.
A los poderosos les interesa hacer la política compleja, reservar competencias al gobierno central con cualquier mínima excusa y llevar la política a lugares inaccesibles para la ciudadanía (física y jurídicamente), sin embargo, cuando esa política regresa a lo municipal, cuando es y se siente cercana, la política recuperara su sentido social y comunitario, su sentido originario y positivo. Necesitamos más municipalismo, sentir lo público cerca y recuperar ese espíritu primigenio de la ciudad como núcleo de participación, de debate y de la articulación de la ciudad. Eso implica confiar en una ciudadanía que es adulta, que es abierta y que es capaz de regir su propio destino. Esa es la Valencia que veo en las calles, en Orriols, en Malvarrosa, en Benimaclet... Ahora solo falta verla más y mejor en las instituciones.
