Tras
la noticia aparecida en prensa este mes, en la cual se anunciaba que
Compromís había presentado una moción en el Senado, solicitando que
el Gobierno asumiera el coste del canon de la construcción de las
desaladoras de Castellón, así como derogar los convenios que
vinculan a los Ayuntamientos con las plantas redactando nuevos que
sean más “realistas”, el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Sagunto se pregunta “¿cuál es la razón por la que esta petición no se ha ampliado a
la desaladora que se construyó en Sagunto?”
En
este anuncio, el senador de Compromís, hace referencia a los cuatro
municipios afectados, siendo Cabanes, Oropesa, Moncofa y Xilxes,
“olvidando a la desaladora de Sagunto”.
Desde
las filas populares quieren denunciar que “esto demuestra que la
Coalición de Compromís no tiene la misma postura sobre este concepto
cuando se trata de defender nuestros intereses, dado que en la
provincia de Castellón están demandando una cosa y aquí la ha
rechazado repetidamente y aquí no la plantea”.
El Grupo Popular quiere recordar que el PP "ha estado en contra de las
abusivas condiciones impuestas por la firma de un convenio, realizado
en 2007, suscrito por el tripartito de la época (PSPS, EU y Bloc),
donde el Sr. Fernández era concejal de Urbanismo y ferviente
defensor de esta instalación, por el cual el Ayuntamiento de Sagunto
se comprometía a hacerse cargo del coste de la instalación, del
mantenimiento y de la explotación con un presupuesto inicial de
alrededor de 30.000.000 € y que puede llegar a alcanzar casi 50
millones de €". “Desde el PP siempre hemos mostrado nuestro
absoluto rechazo a esta infraestructura y a las condiciones que
condenaban a este Ayuntamiento, y por tanto a cada vecino, a realizar
un desembolso inadmisible y ha sido Compromís quien, durante años,
ha rechazado todas las propuestas que hemos trasladado al pleno para
poder resolver esta nefasta situación y solo en los últimos tiempos
ha corregido su posición".
“El
tiempo nos ha dado la razón, ahora Compromís se ha dado cuenta que
este tipo de instalaciones no deben ser asumidas por las
administraciones locales, pero no entendemos como esta posición no
se hace extensiva a todas las desaladoras de la Comunidad Valenciana.
Representan una espada de Damocles para todos los Ayuntamientos y en
particular para nuestro”, según ha declarado el portavoz popular, Sergio Muniesa, en
referencia a que en el citado convenio se dispuso una clausula por la
que en caso de incumplimiento municipal del pago que le corresponde
se podrá proceder a compensar dicha cantidad en los tributos del Estado que se reciben anualmente y que suponen uno de los ingresos
más importantes que dispone el Ayuntamiento y pueden verse mermados
significativamente, ahogando la capacidad presupuestaria de este Ayuntamiento en los próximos 25 años, duración del convenio.
Desde
las filas populares quieren instar al alcalde, "quien era uno
de los integrantes del equipo de gobierno que firmó y defendió el
demoledor convenio y ahora actual alcalde, que defienda, de una
vez, los intereses de nuestro municipio y lleve a cabo el último
acuerdo plenario, del mes de febrero, en el que se reitera la
posición defendida por el Partido Popular para que los costes de la
instalación de la desaladora serán asumidos por el Sistema General
y no por este Ayuntamiento".
Terminan
los populares recalcando que “vemos que en la coalición, a la que
pertenece el Sr. Fernández, nos discriminan en favor de otros y que
no son coherentes en sus reivindicaciones, tengan las mismas posturas
frente al mismo problema".
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