El PP pide el "cese fulminante" del comisionado para la dana por "falsificar" un título

El comisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la dana en Valencia, José María Ángel Batalla, usó un título "presumiblemente falso" para acceder a un nivel y sueldo como funcionario de la Diputación de Valencia superior al que le correspondía por su nivel de estudios.

Así lo señala la Agencia Valenciana Antifraude en un informe en el que concluye que "el Sr. Ángel Batalla no finalizó sus estudios universitarios en la Universidad de Valencia, por lo que el título universitario que consta en su expediente personal como funcionario de la Diputación de Valencia presumiblemente es falso, ya que, además, no constan evidencias de que dicha titulación sea real".

Además, apunta a dos funcionarios de la Diputación que, "mediante una actuación negligente en el ejercicio de sus funciones, no realizaron las comprobaciones oportunas para establecer si el título que constaba en el expediente personal del Sr. Ángel Batalla en la Diputación de Valencia era veraz y, por ende, han consentido y validado la situación irregular del Sr. Ángel Batalla".

De este modo, añade, Batalla podría haberse beneficiado del reconocimiento "de emolumentos superiores (sueldo, grado consolidado y trienios) a los que le corresponderían como funcionario del grupo D (actual C2)".

Es decir, como funcionario de un nivel básico, el correspondiente a funciones de apoyo administrativo, que exige solo haber completado la Educación Secundaria Obligatoria.

La Agencia Valenciana Antifraude señala que Batalla, y quizás otros dos funcionarios, podrían haber cometido un "ilícito administrativo disciplinario".

 El informe relata cómo, aparentemente, Batalla no superó el primer curso 1975-1976, en la Facultad de Filosofía, Sección Geografía e Historia, de Valencia.

Y resuelve interrumpir sus indagaciones para dar traslado a la Diputación de Valencia, que en su caso deberá valorar qué acciones adoptar ante los "indicios de conductas presumiblemente constitutivas de ilícito administrativo disciplinario" por "varios funcionarios" de esa institución.

Además, solicita que "periódicamente, la Diputación Provincial de Valencia informe a esta Agencia respecto del trámite en que se encuentran las actuaciones, así como que, en el caso de que se acuerde el archivo del procedimiento, se comunique a esta Agencia dicha circunstancia".

En cuanto a la posibilidad de que los hechos constituyan, además de una falta administrativa, un delito, la agencia dice que ella "no tiene competencia en las funciones y materias que corresponden a la autoridad judicial, el ministerio fiscal y la policía judicial, ni puede investigar los mismos hechos que han sido objeto de sus investigaciones".

"En caso de que la autoridad judicial o el ministerio fiscal inicien un procedimiento para determinar el relieve penal de unos hechos que constituyen al mismo tiempo el objeto de actuaciones de investigación de la agencia, esta deberá interrumpir sus actuaciones y aportar inmediatamente toda la información de la que dispone, además de proporcionar el apoyo necesario, siendo un órgano de apoyo y colaboración con la autoridad judicial y el ministerio fiscal cuando sea requerida", recuerda.

El Ministerio de Política Territorial ha pedido información sobre el informe de la Agencia Antifraude de Valencia que ha detectado que el comisionado del Gobierno presentó un título universitario presumiblemente falso que le ha permitido mejorar su nivel y salario como funcionario.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha considerado que "lo prudente y lo correcto" es recabar la información, después de que el informe haya sido publicado por 'El Mundo' y 'À Punt'.

Alegría ha garantizado que cuando se reciban los datos solicitados, se informará "con toda la transparencia" sobre el caso.

El PP ha pedido ya el "cese fulminante" del comisionado, quien, de acuerdo con el informe en cuestión, presentó un informe como diplomado en Archivística y Biblioteconomía por la Universitat de València pero no ha concluido los estudios universitarios.

 El PSPV ha defendido este martes la trayectoria pública del comisionado del Gobierno para la reconstrucción por la dana, José María Àngel Batalla, tras publicarse que presuntamente accedió a un puesto de funcionario con un título universitario falsificado, y ha criticado la filtración del caso a los medios de comunicación.

El portavoz del PSPV, Jordi Mayor, ha afirmado en rueda de prensa que Ángel “ha sido un servidor público ejemplar”, tanto como alcalde de L’Eliana como al frente de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias de la Generalitat durante los gobiernos de Ximo Puig

Mayor ha hecho estas declaraciones después de que 'El Mundo' y 'À Punt' publicaran que, según un informe de la Agencia Antifraude de Valencia, el comisionado no finalizó sus estudios universitarios.

El portavoz del PSPV, quien ha dicho que no cree en las casualidades y "mucho menos en política", ha cuestionado que la filtración se produzca "justamente hoy, cuando se cumplen nueve meses de la dana".

Sobre la investigación abierta, Mayor ha subrayado que no se trata de una acusación de la Fiscalía, sino de una actuación de la Agencia Antifraude “que ni siquiera ha sido comunicada al interesado” y ha lamentado que “se filtren datos sin contraste y sin dar opción de defensa”.

“No hay constancia de que la persona afectada haya sido informada oficialmente ni de que se le haya solicitado documentación”, ha afirmado, y ha añadido que “lo que hay es una filtración, sin contrastar, que se publica en medios"

Preguntado por el control interno del partido, Mayor ha recordado que “para acceder a cargos orgánicos no se exige titulación académica” y que será el propio José María Ángel quien “dará todas las explicaciones necesarias”.

De hecho, esta previsto un comunicado del propio José María Ángel a lo largo del día de hoy, según han señalado fuentes del partido.

“El partido actuará en función de esas explicaciones”, ha dicho Mayor, quien ha resaltado que el PSPV "no dará por válidas afirmaciones publicadas sin haber escuchado antes al propio interesado”.