El PPCV denuncia que el Decreto de uso de lenguas cooficiales es "discriminatorio, excluyente e impuesto sin consenso"

El portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, María José Ferrer San-Segundo

El portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, María José Ferrer San-Segundo, ha afirmado que el Decreto de uso de lenguas cooficiales del Consell es “discriminatorio, excluyente e impuesto sin consenso”.

La diputada popular ha afirmado que el Decreto “penaliza a los funcionarios y empleados públicos, al exigir que la totalidad de las comunicaciones y tramitaciones internas se hagan exclusivamente en valenciano. Y se hace, además, sin haber recabado el consenso de los sindicatos para modular esa imposición”. En ese sentido, la diputada ha señalado que “los ciudadanos que quieran relacionarse con la Administración en valenciano han de tener pleno el derecho y garantías para hacerlo. Pero no son el 100% de la población, por lo que no se puede requerir que todos de los empleados públicos se expresen en esa lengua. ¿Qué pasará en comarcas castellano hablantes como la Vega Baja o el Rincón de Ademuz?”.

Ferrer San-Segundo ha manifestado que con el Decreto, “el conseller de Educación, Vicent Marzà, pasa por encima de la titular de Justicia, Gabriela Bravo, que es quien tenía que regular esta cuestión en la reforma de la Ley de la Función Pública. Con su lentitud habitual Bravo ve invadido, una vez más, su ámbito de actuación, por Compromís”.

La diputada popular ha señalado que “se puede proteger, y potenciar, el valenciano, pero sin discriminar a las personas castellano hablantes. Se puede, y legalmente, se debe”. “Este decreto, en cambio, mata el bilingüismo, infringe la legalidad de lenguas cooficiales y arrincona a los castellanohablantes, que son muchos en la Comunitat Valenciana”.

Así, ha señalado que imponer que la lengua de comunicación y notificaciones de cualquier clase se haga exclusivamente el valenciano en las “zonas de predominio lingüístico” de esta lengua, supone infringir la Constitución y nuestro Estatut, que ordena garantizar que “nadie pueda ser discriminado por razón de lengua”. “Y nadie es nadie, hable preferentemente valenciano o castellano, porque los derechos no son de las zonas o los territorios, sino de las personas: hayan nacido donde hayan nacido y vivan donde vivan. Hay muchos ciudadanos que residen en zonas de predominio lingüístico valenciano, y son predominantemente castellano hablantes. El Decreto confunde, interesadamente, el todo con la parte”, ha subrayado.

“Además, afirmar como hace Oltra, que los cargos públicos hablarán castellano cuando no sepan hacerlo en valenciano supone estigmatizar a quienes, en ejercicio de su derecho a comunicarse en el idioma cooficial en que tienen mayor competencia lingüística, opten libremente, cuando así lo decidan, por expresarse en castellano”, ha señalado la diputada.

Observaciones del CJC

Ferrer San-Segundo ha indicado, asimismo, que el Consell “elude cumplir las Observaciones Esenciales que había hecho el CJC, tales como que no se podía discriminar ninguna de las dos lenguas cooficiales imponiendo otra. También vulnera, porque mantiene, el uso del valenciano en las comunicaciones con otras Comunidades Autónomas ‘del mismo ámbito lingüístico’, cuando no hay ninguna otra cuya lengua oficial sea el valenciano. Se infringe con ello el artículo 15 de la Ley 39/2015 respecto al uso de lenguas cooficiales, utilizando un argumento político (la unidad de la lengua) que es completamente extrajurídico”.

“Curiosamente, el Consell no hace caso a esta advertencia del CJC porque la considera ‘política’, cuando lo político es rechazar esta Observación estrictamente jurídica. El Decreto confunde, interesadamente, el todo con la parte. Con ello no se protege al valenciano, sino que se persiguen objetivos políticos no compartidos, ni votados, por los ciudadanos de la Comunitat”, ha señalado.

Ferrer San-Segundo ha explicado que la notificación siempre en valenciano salvo que lo pida el ciudadano, “traerá problemas de seguridad jurídica en la necesaria comprensión completa de la información, y en la aplicación de los plazos, que en no pocas ocasiones caducarán sin que las personas hayan recibido la comunicación en castellano”.

Para la diputada popular, “este es un Decreto ideológico y de imposición. Un nuevo paso en la hoja de ruta de inmersión lingüística programada, que se armará con la Oficina de comisarios lingüísticos. Un itinerario que escorta y pegadel que, aplicado desde hace años en Cataluña, no hay traído como resultado la convivencia pacífica de lenguas, sino la división y la propuesta de secesión”. “Puig y Oltra impulsan este proceso, como máximos responsables del Consell. Que no engañen a los ciudadanos valencianos y nos digan, con toda claridad, que el modelo que están introduciendo con imposiciones aquí es, en realidad, el de monolingüismo”, ha añadido.

Además, la diputada se ha referido a la exigencia, “matizada pero mantenida como prioritaria, de utilización el valenciano en quien pretenda contratar con la Administración, así como en etiquetas, instrucciones, contratos y documentos, que condiciona, coacciona, torpedea el libre comercio y encarece los costes, con incidencia negativa en la economía y, por tanto, el empleo”.

La portavoz de Justicia del GPP ha recordado que su grupo ya presentó hace semanas alegaciones al proyecto, “y combatiremos el Decreto, desde la razón, el sentido común, el entendimiento y la legalidad”.

Por último, la diputada ha recordado que el informe de la Comisión de Expertos para la Modificación de la Ley 10/2010, de la Función Pública Valenciana, advierte que exigir “el conocimiento del valenciano como requisito general para el acceso a la función pública” es una cuestión “propiamente política”, porque “está estrechamente ligada a los valores, principios y modelos sociales que resulten preferibles o mayoritariamente apoyados”, por lo que se exhorta a “alcanzar el mayor consenso político y social al respecto, que es lo que puede asegurar la estabilidad de la legislación aplicable”. “Y el modelo social de exclusión del castellano que contiene el Decreto, además de antijurídico, ni resulta mayoritariamente apoyado o extendido ni, desde luego, ha sido fruto del consenso político y social”, ha concluido.