La eterna reforma de la financiación se atasca en la contradicción política

La Comunitat llega a otro 9 d’Octubre atrapada entre la indefinición y las contradicciones políticas en lo que a la reforma de la financiación se refiere. 

Eso sí, nunca una víspera de este día festivo estuvo tan marcada por la agenda mediática de la reforma de la financiación autonómica. Y es que, a raíz de la  situación de singularidad que Sánchez ha prometido para Cataluña, el nuevo sistema de reparto es el debate principal en el Congreso de los Diputados, en el Senado, en las cámaras autonómicas y en las sedes de todos los partidos. 

Y es ahí, en estos últimos, donde todo son ‘dimes y diretes’ y dobles versiones. Especialmente, para aquellos líderes que tratan de defender su identidad valenciana, al tiempo que tienen que lidiar con los directrices marcadas desde Madrid. 

Es ya de sobra conocido. El modelo actual, caducado desde 2014, sigue mermando la situación de la autonomía valenciana por lo que respecta al reparto de recursos y habría provocado una deuda histórica, cercana a los 40.000 millones de euros.

Y desde entonces ningún gobierno nacional, bien con mayoría absoluta del PP o con pacto de gobiernos progresistas, se han atrevido a abrir un melón que hace de obligado cumplimiento un entendimiento por parte de los dos grandes partidos, al tiempo que deben seguir contentando a las formaciones de corte más nacionalista. 

El motivo principal del bloqueo: el hecho de que las prioridades y criterios para la distribución de recursos varían de una comunidad a otra y nadie quiere quedarse con una porción más pequeña del pastel que tiene en la actualidad. Pero, si nadie da su brazo a torcer, parece complicado que la situación actual vaya a cambiar, lo que deja a los valencianos en una situación dantesca: con 276 euros por debajo de la media nacional por habitante y con 865 euros menos que la comunidad mejor financiada, La Rioja. 

La estrategia de no enfrentamiento entre los barones del PP, que en la actualidad tienen en sus manos la gran mayoría de los gobiernos autonómicos, ha dejado arrinconado al President de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. 

El president tiene prohibido negociar a solas con Pedro Sánchez sobre este tema en su cita en Moncloa el próximo 4 de octubre. Así lo anunciaron de manera conjunta todos los presidentes autonómicos del Partido Popular. 

Sánchez quiere reuniones bilaterales con los representantes regionales para abordar la reforma del sistema de financiación, pero el PP ha dejado claro que no está dispuesto a negociar individualmente y relega el tema al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), de manera que todas las comunidades puedan participar en la discusión.

Pero, Mazón no solo ha renunciado a la autonomía para negociar, la condonación de la deuda autonómica tampoco está recogida en las propuestas que han apoyado los representantes populares y que deban defender. Se trata de una medida que el gobierno central había sugerido para Cataluña y que también es una reivindicación importante en el territorio valenciano. 

Con esta situación, el Ejecutivo autonómico trata ahora de salvar los papeles con la defensa de un fondo de nivelación económica que en otras ocasiones se había cuantificado en cerca de 1.500 millones anuales, al menos hasta encontrar una situación al problema. 

Con todo ello, el PP ha apostado por apoyar en el Debate de Política General en Les Corts una propuesta de resolución de Compromís sobre financiación autonómica que incluye el fondo de nivelación, pero también un mecanismo de compensación de la deuda. 

En el PSPV también lo tiene complicado. La realidad es que el papel reivindicativo de la líder socialista, Diana Morant, está claramente mermado en tanto en cuanto siga siendo ministra del mismo gobierno al que se le exige un mayor reparto de los fondos autonómicos. 

  Por ello, aunque los socialistas valencianos se han sumado a diferentes iniciativas para reclamar mejoras en la financiación en el pasado, poco ruido pueden hacer ahora mientras sea Pedro Sánchez el que siga en la Moncloa. De ahí que el discurso oficial se limite a forzar a Mazón a negociar en exclusiva con Sánchez. 

Pero hay un paso más. En la lucha contra el “dumping fiscal” entre territorios, la Ministra advierte que la  nueva financiación podría quedar “condicionada a lo que hagan las comunidades autónomas”. O lo que es lo mismo, una advertencia a aquellos gobiernos que bajan impuestos al tiempo que solicitan una mayor financiación. Una condición que trata de reventar una de las medidas estrellas del PP en las autonomías que gobierna: las “revoluciones fiscales”. 

Y mientras tanto, ¿qué hacen las otras formaciones en los extremos? 

Los nacionalistas de Compromís, socios de Sánchez, lo quieren todo. Su cómoda situación les permite exigir la condonación de la deuda, el fondo de nivelación y una nueva financiación. Los valencianistas incluso presumían de dar un golpe sobre la mesa al anunciar que no apoyarían los Presupuestos Generales ni “ninguna singularidad” si no se abordaba esta materia. 

Una medida de presión que se diluye cual azucarillo, ante la más que probable opción de que se prorrogen las cuentas nacionales. Mucho ruido y pocas nueces.

Al partido de Abascal ni está ni se le espera en este debate. Vox no se suma ni a quitas de deudas, ni a cupos y mantiene el discurso de recentralización y limitación del poder autonómico. En les Corts los de la ultraderecha han votado en contra de todas las propuestas de financiación pese a reconocer el desequilibrio actual. 

 Por ello, la principal lucha para estos es conseguir una “igualdad total” frente al “café para todos”. Una línea que contrasta con la gran bajada de impuestos a la que se sumaron en su escaso tiempo en el Consell de la Generalitat.