La zona cero de la dana recupera el 85 % de sus empresas

Familias desplazadas de sus viviendas y reubicadas temporalmente, heridas en la salud mental en forma de ansiedad o problemas de sueño, una planificación urbanística que transmita la percepción de un entorno seguro y trabajo autónomo no recuperado conforman algunos efectos negativos de la dana de Valencia que, según los sindicatos mayoritarios, continúan abiertos casi un año después de las inundaciones mortales.

En la parte positiva, CCOO PV y UGT-PV coinciden en destacar la importancia que ha tenido la figura del expediente de regulación temporal de empleo por fuerza mayor para los afectados como "un verdadero escudo laboral" que impidió la pérdida de ingresos y de empleo a miles de trabajadores, según la secretaria general de Comisiones Obreras, Ana García.

Además, la responsable de CCOO PV apela a la asunción de responsabilidades políticas en la gestión de la dana, sin ellas "no se puede pasar página", y señala que con los mismos protocolos y procedimientos, en alertas posteriores se ha avisado con antelación a los ciudadanos.

En el aspecto social, según destaca Ana García, cientos de personas mayores y con discapacidad siguen sin poder salir a la calle debido a que sus ascensores están fuera de servicio.

Crítica es también la situación de la vivienda, con familias desplazadas de sus viviendas y reubicadas temporalmente, y unas ayudas al alquiler que son "insuficientes" ante la enorme dificultad de encontrar alquileres asequibles y dignos en sus municipios tras la dana.

La salud mental es otra de las consecuencias que siguen abiertas, de forma "profunda y duradera" y con un aumento de los casos de ansiedad, depresión, problemas de sueño, estrés postraumático y duelos no resueltos, situación agravada por las pérdidas de familiares, trabajos y hogares.

Esta realidad se suma a un déficit estructural de décadas en los servicios de salud mental y atención psicosocial, visible en la escasez de profesionales y las listas de espera prolongadas, advierte CCOO, que pide con urgencia garantizar el derecho a la salud de los afectados mediante un refuerzo sólido de los servicios públicos. "Sistemas de protección social robustos, con protocolos para desastres planificados y una respuesta coordinada entre administraciones para agilizar las ayudas sociales y de emergencia", demanda.

Una necesidad que, para Calero, es exigible a todas las administraciones, autonómica, central y local, pues tras las últimas lluvias se ha visto que el sufrimiento sigue ahí.

Según el responsable de UGT-PV, forma parte de la reconstrucción que los ciudadanos perciban que la recuperación de lo material garantizará su seguridad en caso de otra inundación. "Es importante que visualicen infraestructuras hidrológicas, de comunicación y de planificación urbanística, como instrumento para tener la percepción de que viven en un territorio seguro", explica.

Calero dice que el déficit en inversión en infraestructuras hidráulicas y una planificación urbana "desordenada y deficiente" agravaron los efectos de la dana, cuestiones que se deben tener en cuenta en la reconstrucción y servir de lección, así como la necesidad de mejorar la coordinación interadministrativa.

En este punto, habla de una ventanilla única para gestionar las ayudas puestas en marcha por el Gobierno y la Generalitat, unas ayudas que en términos generales cree suficientes en volumen, aunque "seguro" que no lo son para los afectados, sobre todo aquellos que tenían bienes no asegurados o infraasegurados.

Desde el 29 de octubre de 2024 hasta el 29 de mayo de este año, se presentaron 3.339 solicitudes de ERTE a consecuencia de la catástrofe de la dana, que causó 229 muertes en la provincia de Valencia, que afectaron a 33.794 trabajadores. Y solo se solicitaron 61 ERE que afectaron a 334 personas. Prácticamente entre el 92 y el 95 % de esos trabajadores está en sus puestos de trabajo.

No obstante, el secretario general de UGT-PV, Tino Calero, alerta en declaraciones a EFE que, si bien las empresas de más tamaño se han recuperado con cierta normalidad, las pequeñas empresas, los pequeños negocios  y los autónomos, con menor pulmón económico, resultaron más castigados.

"La principal preocupación son las pymes y los autónomos pues, además del impacto económico, son elementos dinamizadores de la vida económica y social" al ubicarse en los cascos urbanos de los pueblos.

Calero considera que los planes de empleo lanzados están funcionando y son una vía para que los ayuntamientos, que tienen por delante un trabajo "titánico" de recuperación de sus municipios, desarrollen la reconstrucción y los desempleados sean contratados.

García también subraya las medidas para los migrantes, la autorización de residencia y trabajo por un año a las personas en situación irregular empadronadas o con cita que culminó con 28.974 solicitudes favorables; y la prórroga o renovación automática de autorizaciones que expiraban, que supuso 35.178 resoluciones favorables.

En el sector cultural, unos 800 puestos de trabajo se vieron afectados, con una pérdida de empleo del 7 % en la zona cero.

Las consecuencias que tuvo la dana del 29 de octubre de 2024 se sigue analizando y el IvieLAB (Laboratorio de Análisis y Evaluación de Políticas) tiene en ejecución tres informes financiados por la Generalitat: uno sobre la evaluación económica del impacto de la dana de Valencia en los activos residenciales y productivos en cada una de las zonas; otro sobre el impacto en las infraestructuras públicas; y el tercero del impacto en la facturación de empresas y autónomos de los municipios afectados.