Sancionados del 15M y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca acusan a la Delegación de Gobierno de persecución política y desviación de poder en sus alegaciones

Ya son más de 20 las sanciones impuestas a diversos miembros del 15M y
de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca por las acciones llevadas a cabo desde el inicio de las
movilizaciones ciudadanas. El goteo de sanciones evidencia, según
algunos de los sancionados, una persecución política con la intención
de aplicar castigos ejemplares y reprimir de manera individual a los
participantes en los movimientos para paralizar sus reivindicaciones.

Las últimas sanciones se derivan de la actuación frente a dependencias
del BBVA en Sagunto como protesta ante un desahucio a varias familias.
La Delegación de Gobierno pretende sancionar a diversas personas por
supuestos “desórdenes en el interior del banco” que nunca ocurrieron.
Además de las pruebas documentales que demuestran la falsedad de las
acusaciones, los afectados alegan que el banco ni siquiera presentó
denuncia por los hechos, actuando la Delegación de Gobierno en defensa
de un supuesto derecho del banco y reprimiendo así el ejercicio
legítimo de los derechos de expresión y reunión. Más aún, uno de los
sancionados ni siquiera estaba presente en la acción, sino que, como
certifica en sus alegaciones, se encontraba en su puesto de trabajo en
el momento de los hechos.
Con estas multas se continúa la represión comenzada por la Delegación
de Gobierno frente a participantes del 15M, como, entre otras, la
impuesta a dos de sus miembros por no impedir que la masiva
manifestación del 19 de junio pasara por delante de la casa de la
Alcaldesa Rita Barberá.
Los sancionados en esta ocasión presentarán las alegaciones,
como ya hicieron el pasado mes el resto de afectados, acusando en los
escritos a la Delegación de Gobierno de utilizar de manera desviada la
potestad sancionadora de la administración, al aplicar la ley
reguladora del derecho de reunión de manera irregular: castigando
hechos que no tuvieron lugar, actuaciones en dependencias privadas que
ni siquiera han sido denunciadas por los supuestos afectados e
imputando infracciones a personas que no estaban en el lugar de los
hechos, lo que demuestra la existencia de listas negras en poder de
las autoridades.