Última oportunidad para recuperar el Derecho Civil Valenciano

La oportunidad para que los valencianos recuperen el Derecho Civil Valenciano está servida en bandeja de plata. 

Y es que, la proximidad de las elecciones, previstas en 2023, ha puesto en marcha la cuenta atrás para poder llevar a cabo la reforma constitucional necesaria para recuperar la capacidad legislativa civil con origen en los Furs que eliminó Felipe V en 1707. Desde hace 5 años los valencianos tenemos un autogobierno recortado, después de que el Tribunal Constitucional en 2016 anulara las tres leyes civiles de familia (custodia compartida, régimen económico matrimonial y uniones de hecho). 

Como destaca José-Ramón Chirivella, president de Juristes Valencians, “Ximo Puig, depositario de este mandato democrático, está obligado a defender el autogobierno ante cualquier instancia y hacer valer la legitimidad del apoyo social del pueblo valenciano por encima de consignas de partido o coyunturas políticas que recortan de facto el Estatuto Valenciano, precisamente cuando se cumplen 40 años de la recuperación del autogobierno valenciano.”

De esta manera, los valencianos llevan desde hace dos años a merced de una “voluntad política inexistente en el Congreso de los Diputados”, pese a que en estos momentos, aplicándose el reparto de fuerzas en les Corts Valencianas, la suma de diputados en el Congreso y también en el Senado superaría ampliamente la mayoría requerida para sacar adelante esta reforma. 

Así lo vienen denunciando desde la Associació de Juristes Valencians durante los últimos años, que subrayan el “carácter urgente” de dar el paso hacia la recuperación de estos derechos para los valencianos, ante la “oportunidad extraordinaria” de zanjar un conflicto que dura más de 300 años. Un hecho que solo será posible con la reforma técnica de la Constitución antes que se lleven a cabo los próximos comicios, y para el que se necesitará “el tramite con carácter urgente por el impulso político de los 3 grupos del Botànic (PSOE, Podemos y Compromís), así como del Partido Popular, formaciones que han mostrado abiertamente su apoyo al Derecho Civil Valenciano; frente a Vox y Ciudadanos, las únicas dos grandes formaciones que, por el momento, no lo han hecho. 

Para que la Proposición de modificación constitucional salga adelante precisa del apoyo de 3/5 partes del Congreso de los Diputados y del Senado. Un hecho, que de extrapolarse el apoyo de las fuerzas autonómicas sería posible, al contar con 245  de 350 diputados a favor en  la primera (120 del PSOE, 88  del PP, 34 de Podemos,  3 de Compromís/ Más País); mientras que el apoyo en el Senado sería todavía mayor, pues de los 265 diputados lo apoyarían 213 (112 del PSOE, 100 del PP y 1 de Compromís). Sin embargo, pese a que el Consell emitió hace cerca de un año una declaración institucional que instaba a declarar de urgencia el procedimiento para tramitar la reforma de la Constitución Española para la reintegración del Derecho Civil Valenciano, la petición sigue cayendo en saco rato, pese a la evidente influencia de Ximo Puig como líder de la autonomía socialista más importante en términos de población. Y en un momento en el que sus relaciones con el presidente Sánchez son especialmente buenas.   Todo ello, aunque esto posibilitaría a los valencianos igualarse a los 14 millones de ciudadanos españoles que disponen de derecho civil propio (navarros, catalanes, vascos, baleares, gallegos y aragoneses). Justamente cuando se cumple el cuarenta aniversario del Estatuto de Autonomía de 1982.

Pero más allá de la idoneidad de la situación política, els Juristes Valencians han defendido también la necesidad de sacar adelante esta reforma constitucional por la legitimidad basada en el apoyo municipal y social que tiene en la Comunitat Valenciana. 

En esta línea, después de que la entidad haya presentado propuestas de mociones en los municipios de todas las comarcas valencianas pidiendo la retirada de los recursos de inconstitucionalidad contra las normas de derecho civil valenciano, 539 de los 542 municipios y 3 entidades locales menores las han aprobado, lo que supone el 99,5% de la población representada. Más de 5 millones de valencianos.

Tan solo seis municipios de la Comunitat Valenciana todavía no se han pronunciado sobre este asunto. Serían en la provincia de Alicante,  Aigües y el Fondó de les Neus; en la de Castellón, Ludiente y Villahermosa del Río; y en la provincia de Valencia, Cofrentes y Jarafuel. Una situación que los defensores de este derecho foral subrayan, al tiempo que reclaman “un mayor compromiso de los lideres políticos valencianos en la defensa del autogobierno siguiendo el ejemplo de gran apoyo del municipalismo”. 

Pero es que, más allá del apoyo municipal a esta iniciativa, los Juristas Valencianos defienden también el apoyo social que se recibe a la recuperación del Derecho Civil, por parte de la gran mayoría de entidades, asociaciones y administraciones que conforman el tejido social de la Comunitat Valenciana, entre ellas estarían instituciones como la Generalitat Valenciana y las tres diputaciones, la Federació Valenciana de Municipis i Provincies, la gran mayoría de facultades de derecho, sindicatos y agrupaciones profesionales como UGT, CSIF  o la Asociación de Periodistas Valencianos o el Ilustre Colegio de Ingenieros Industriales. También medios de comunicación como Valencia Plaza o El Periódico DE AQUÍ, o distinguidos entes relaciones con la sociedad valenciana como el Ateneo Mercantil de Valencia,la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana, CAVE-COVA (asociaciones de vecinos), la Interagrupación de Falles de Valencia y Lo Rat Penat, entre otras.  

La cuenta atrás para poder sacar adelante esta reforma ha comenzado. Será el tiempo el que decida si finalmente las dos grandes cámaras legislativas sacan adelante una recuperación que ponga fin a este conflicto que sigue encallado en la historia de la Comunitat.