Un ascensor, 14 meses y un Estado ausente tras la dana

Lorena Silvent, alcaldesa de Catarroja: “Esta setmana ha començat, per fi, la reparació de l’ascensor de la meua finca després de la dana. Una actuació que depén exclusivament de la comunitat de propietaris, amb recursos i acord, i que, tot i això, ha necessitat 14 mesos per posar-se en marxa.

Ho compartisc perquè ajuda a entendre una realitat sovint invisible: els processos d’obra són lents, fins i tot en actuacions senzilles. Quan parlem de reconstruir infraestructures públiques, el camí és encara més complex.

Planificar, valorar, contractar i executar bé porta temps, però és l’única manera de fer millores duradores i no solucions provisionals.

Reconstruir és una carrera de fons que requereix rigor, paciència i mirada llarga. #CatarrojaAvança”.

El mensaje de la alcaldesa de Catarroja pretende explicar la lentitud de los procesos administrativos y constructivos. Y tiene razón en una cosa: los trámites son complejos, lentos y desesperantes. Pero hay una pregunta que nadie quiere responder con claridad: ¿de verdad es aceptable que, un año y tres meses después de una DANA, siga siendo noticia que se repare un simple ascensor?

Porque no estamos hablando de una presa, ni de un hospital, ni de una autopista. Hablamos de un ascensor. Un elemento básico de accesibilidad, imprescindible para personas mayores, con movilidad reducida o familias con niños. Que una comunidad con recursos y acuerdo haya tardado 14 meses en arreglarlo no es una anécdota: es el síntoma de un sistema que no funciona.

Tras una catástrofe como la DANA, no bastaba con que el Gobierno de España transfiriera millones de euros a los ayuntamientos y se desentendiera del problema. No se trataba solo de pagar, sino de liderar. De asumir la dirección política y técnica de una reconstrucción urgente, coordinando a la Generalitat, a los ayuntamientos, a las empresas, a los colegios profesionales y a los agentes sociales.

Lo que hemos visto ha sido otra cosa: administraciones que se pasan la pelota, procedimientos eternos, normativas pensadas para tiempos normales aplicadas a situaciones excepcionales y ciudadanos atrapados en la burocracia. Mientras tanto, la vida sigue cuesta arriba para quienes dependen de un ascensor, de una calle arreglada o de un edificio seguro.

Decir que “reconstruir es una carrera de fondo” puede sonar sensato, pero también puede convertirse en una coartada. Las emergencias no se gestionan como la rutina. Requieren decretos extraordinarios, equipos específicos, plazos reducidos y liderazgo político claro. Requieren que alguien diga: esto es urgente y se hace ya.

Que 14 meses después sigamos hablando de arreglar un ascensor es una vergüenza colectiva. Es la imagen de un país que presume de Estado fuerte pero que, cuando de verdad se le necesita, se esconde detrás de expedientes, informes y ventanillas.

La dignidad de la gente no puede depender de la velocidad de un trámite. Un sistema que tarda más de un año en resolver lo básico no es lento: es injusto. Y cuando la injusticia se vuelve normal, deja de ser un fallo y pasa a ser una responsabilidad política.