El exgerente de Imelsa Marcos Benavent ha asegurado que nunca contrató a nadie por orden del expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus o de su jefe de gabinete Emilio Llopis, y ha dicho que si hubiera conocido la existencia de trabajadores "zombis" hubiera presentado su dimisión.
El autodenominado "yonqui del dinero", ha declarado este jueves en el juicio de la pieza el caso Imelsa que investiga la contratación irregular de trabajadores en las empresas públicas Imelsa y Ciegsa, en el que el fiscal reclama para él una condena de 9 años y 6 meses, al apreciar arrepentimiento.
Ha asegurado que nunca ha contratado a nadie por orden ni de Rus ni de Llopis ni tampoco lo ha hecho por interés propio o del PP, al menos, que él sepa, ha precisado.
Ha defendido la gestión de la empresa dependiente de la Diputación de Valencia, y ha destacado que nunca nadie planteó que hubiera irregularidades en la contratación.
Benavent ha asegurado que todos los asesores contratados trabajaban, aunque no tenían por qué hacerlo en Imelsa -de hecho ha dicho que no iban a la sede de la empresa porque no había espacio físico- ni tampoco para el consejero al que, formalmente, estaban adscritos.
"Los consejeros no tenían por qué conocer exactamente a su asesor", ha manifestado, y ha dicho que el trabajo de estas personas era diverso, y se ejercía, sobre todo "in situ2, en la zona de más incidencia, que podía ser en València o en una comarca.
Tampoco se hacía un seguimiento del trabajo de estos asesores, que según ha dicho, "nunca han fichado ni tenían control de horarios".
Ha explicado que podía ser que fuera el consejero el que supervisara el trabajo del asesor pero no tenía que ser un requisito indispensable, pues también podían ser los alcaldes de la zona porque sabían que tenían un asesor disponible para temas relacionados con Imelsa.
El exgerente de esta empresa pública también ha declarado que no se exigía a los asesores ningún requisito extraordinario; que estos no negociaban sus condiciones de trabajo, sino que les venían impuestas porque eran para todos las mismas, y que él sólo firmaba los contratos.
Sobre las grabaciones que dieron origen al caso, ha dicho que las tenía en un ordenador en la casa que compartía con su entonces mujer, y que su suegro las sustrajo cuando ambos se separaron y se las ofreció a los políticos y los periodistas.
Ha asegurado que las grabaciones estaban en la que consideraba su casa pues su suegro se la había donado a su hija, con la que él estaba casado, y cuando se divorciaron los documentos se quedaron allí, ya que no le dejaban entrar a por sus cosas.
Ha indicado que finalmente pudo entrar, pero ha insistido en que nunca autorizó ni consintió el uso de sus grabaciones y sus cosas personales, como tampoco consintió la entrada ni registro del despacho. "Me dejaron en total indefensión".
Tras su declaración, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se escuchen la grabación de las declaraciones hechas por Benavent en la fase de instrucción, para ver las contradicciones entre aquella declaración y la que ha prestado este jueves.