Los tres exalcaldes condenados en una imagen de archivo.-EFELa Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha dictado sentencia contra dos exalcaldes de Enguera y uno de Requena, imponiéndoles penas de entre un año y un día y dos años y un día de prisión por delitos de prevaricación, fraude y malversación relacionados con la adjudicación de contratos durante el periodo comprendido entre 2013 y 2015.
El empresario beneficiado por las adjudicaciones irregulares ha sido condenado a tres años de prisión por los mismos delitos. Asimismo, un funcionario de la Diputación de Valencia ha recibido una condena de tres años de cárcel y una multa de 1.800 euros por falsificar un documento público.
La resolución forma parte de la pieza K del caso 'Taula-Imelsa' y, aunque absuelve a los acusados de otros delitos, no es firme y puede ser recurrida ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Según la sentencia, José Mariano L.S., administrador de Técnicas Legales Administrativas (TLA), se habría puesto de acuerdo con los entonces alcaldes de Requena, Javier Berasaluce R., y de Enguera, Santiago A.Ll., para adjudicar simuladamente contratos negociados sin publicidad a la empresa Servimun SLU, dedicada a prestar apoyo en la actividad inspectora municipal para el cobro de impuestos.
Ambos exregidores han sido condenados a un año y un día de prisión y a seis años y un día de inhabilitación para empleo o cargo público, al ser considerados autores de un delito de fraude a la Administración en concurso medial con prevaricación.
Óscar M.P., sucesor de Santiago A.Ll. en la Alcaldía de Enguera, ha recibido una pena de dos años y un día de prisión, además de seis años y un día de inhabilitación, por delitos de fraude, prevaricación y malversación en concurso medial.
Los magistrados consideran acreditado que, tras un impago previo sin justificación, este último exalcalde pactó con el administrador de TLA una adjudicación negociada sin publicidad a favor de Servimun SLU, para la elaboración de un informe sobre un proyecto de fábrica de pan y bollería congelada. A pesar de que el valor real de los servicios fue tasado por debajo del presupuesto y que el informe no reunía los requisitos técnicos necesarios, el regidor autorizó el pago de la factura.
Por último, el tribunal ha declarado probado que el funcionario de la Diputación falsificó un documento público con el objetivo de regularizar ciertas modificaciones catastrales de un camping, motivo por el que se le impone la pena ya mencionada.
